Asociación de Familiares de Presos Políticos,

Desaparecidos y Víctimas de Genocidio

AFADEVIG

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Fundada el 10 de julio del 2001. Personería Jurídica: P.E.11351407

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Año del Estado de Derecho y la Gobernabilidad Democrática

NOTA DE PRENSA

En  las últimas semanas  los peruanos hemos sido testigos, una vez más, de una coincidente campaña en los distintos medios de prensa, orientada a fomentar el odio y la venganza política contra nuestros familiares  presos por causas  derivadas de la guerra interna que vivió nuestro país desde 1980.

Con el pretexto del inicio del juicio al Dr. Abimael Guzmán, distintos medios de la prensa han publicado en primeras planas y titulares: “SENDERO CONTROLA LAS CARCELES“, “SENDEROMANTIENE CONTROL DE PABELLONES EN CASTRO CASTRO”, ”TERRORISTAS TIENEN PRIVILEGIOS”, titulares falsos y malintencionados que tienen como único y claro objetivo convalidar la política judicial y carcelaria de Fujimori y regresionar hacia esos abominables métodos lo cual rechazamos.

El Sr. Toledo, sin respetar la autonomía de poderes que debe existir en una democracia, negando fueros y competencias, ha salido a juzgar y condenar a nuestros familiares, a pedir se reimplante el sistema carcelario de Fujimori, a negar el derecho a un juicio justo y público que tiene todo prisionero, a negar el derecho de la prensa libre a informar y del pueblo a ser informado.

Los casi dos mil prisioneros políticos de nuestro país, están presos entre diez y dieciocho años, han pasado las peores  condiciones de detención y aislamiento de América Latina, ilegalmente trasladados a penales tan alejados como Yanamayo  y Challapalca para así impedirnos visitarlos y asistirlos, extendiendo la pena hacia nosotros los familiares, reviviendo así métodos ya superados por la humanidad. Todo ello se oculta mientras se acrecienta la persecución, hostigamiento y amenazas contra los familiares y los abogados que defienden a los presos políticos a quienes se nos imputa ser "correas de transmisión del terror" lo cual rechazamos y debe terminar.

En cambio el Estado peruano busca ocultar su responsabilidad por los asesinatos de campesinos, obreros y estudiantes, cuyos restos yacen en más de 4.500 fosas comunes de nuestro territorio. Los pocos que han sido juzgados por estos hechos, se les impone penas benignas de tres o cuatro años. Desde hace 18 años exigimos se juzgue y sancione a Alan García y demás responsables por el asesinato de mas de 250 prisioneros en El Frontón, Lurigancho y Callao, y exigimos también que se juzgue y sancione a Fujimori y Montesinos por el asesinato de 44 familiares nuestros en el penal Castro Castro en mayo del 92. Como en otros tantos casos, el Ministerio Público protege a los genocidas en especial a Alan García y Fujimori quienes pretenden con descaro volver a ser presidentes. Es así cómo el Estado peruano y quienes lo apoyan en esta campaña buscan perpetuar la impunidad de los genocidios.

Si nosotros, los familiares de los presos políticos y desaparecidos hacemos actividades económicas como polladas y rifas, es  para cubrir la desatención y el abandono del gobierno en los penales, como por ejemplo la del prisionero Marco Antonio Abarca, recluido en Cantogrande enfermo de cáncer terminal, sin el tratamiento necesario. También estamos reuniendo fondos para comprar ataúdes y nichos para nuestros familiares asesinados en El Frontón, cuyos restos el Ministerio Público pretendió entregarnos en cajas de cartón, mezclados y mal identificados, lo cual rechazamos. El Ministerio de la Mujer, responsable de la Beneficiencia que administra los cementerios, denegó nuestra solicitud de cedernos tumbas para nuestros seres queridos pese a ser el Estado el responsable del asesinato.

Es falso que nuestros familiares gocen de “privilegios y gollerías” como malintencionadamente dice el diario Correo, como es falso también lo que dice la Congresista Dora Núñez de nuestros familiares: “reciben visitas de personas indocumentadas, usan armas punzocortantes, yo lo he comprobado” (Perú 21, martes 8 de nov.). Ellos  se desenvuelven ordenadamente y con pleno respeto a la autoridad penitenciaria y no es una “deficiencia”, ni tampoco contraviene la ley que trabajen o realicen actividades para pagar su defensa legal, a la cual todo interno tiene derecho.

Nuestros familiares desde hace once años vienen planteando se resuelvan políticamente los graves problemas que dejó la guerra interna, que se supere el encono social y se haga la justicia que posibilite la paz y reconciliación que la sociedad reclama. El gobierno, lejos de escucharlos, promueve el odio y la venganza política contra ellos y pretende trasladarlos al  penal de Piedras Gordas en Ancón, cárcel fascista, construida contra los principios básicos de rehabilitación y reinserción  del interno a la sociedad.

Expresamos nuestro  rechazo a esta nueva campaña psicosocial con  la cual el gobierno del Sr. Toledo pretende ocultar el   fracaso de su gobierno y de su política económica, tender una cortina de humo y ocultar los más urgentes problemas sociales como el desempleo creciente y el alza del costo de vida, pues mientras desatiende las urgentes demandas sociales en educación y, salud entre otras, se agobia al pueblo con crecientes impuestos y destina cada vez más dinero al pago de la deuda externa, -dinero que los peruanos no hemos recibido y fue robado por distintos gobiernos de turno-,  para cubrir los gastos del imperialismo norteamericano.

Así también, el gobierno y buena parte de la clase política, rechazados mayoritariamente por el pueblo, buscan desacreditar  y criminalizar la justa lucha de los distintos sectores sociales, buscan atemorizar pueblo que viene luchando contra el abandono y la desocupación, por democracia, desarrollo y salario digno, luchas con las cuales nos solidarizamos plenamente.

Como familiares de los prisioneros políticos, de victimados y desaparecidos, rechazamos las leyes antiterroristas promulgadas en la década anterior, con las cuales se juzga y sentencia a nuestros familiares presos, rechazamos el sistema carcelario de Fujimori, el cual pretende reimplantarse y nos aunamos, una vez más, a la petición de nuestros familiares de resolver políticamente y de manera integral los problemas que dejó la guerra interna, resolver el problema de los miles de requisitoriados y desaparecidos, de las viudas y huérfanos, deponiendo odios y enconos, con justicia para todos y sin exclusiones para nadie que hagan posibles la paz y reconciliación nacional, que es una necesidad de la mayoría de la sociedad peruana. Llamamos al  pueblo peruano, a las organizaciones populares y defensoras de los derechos humanos, a las personalidades democráticas a apoyarnos en este objetivo.

Lima 8 de noviembre del 2004

LA JUNTA DIRECTIVA

Domicilio legal: Domingo Orué 521

Miraflores