I CONVENCION

DE ORGANIZACIONES Y MASAS

POR UNA AUTENTICA

COMISION DE LA VERDAD

(Realizado los días 10 y 11 de Agosto)

 

20 DE AGOSTO DEL 2001

LIMA – PERU


INTRODUCCION

            Saludamos con profundo cariño a nuestro querido pueblo y a todas las Organizaciones  y Masas que estuvieron presentes durante el desarrollo de la Convención y que con su disciplinada y decidida participación hicieron posible que el evento se desarrolle y alcance los objetivos trazados. En ese sentido, resaltamos el exitoso desenvolvimiento de la I Convención de Organización y Masas por una Auténtica Comisión de la Verdad,  que nos ha permitido concordar ideas, acciones y acordar una estrategia común, así como conformar una Coordinadora Nacional de Organizaciones y Masas por una Auténtica Comisión de la Verdad, todos los cuales constituyen logros obtenidos en el evento, logros que servirán para luchar cohesionada y organizadamente por la democratización de la Sociedad Peruana y la Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna, problemas que deben ser resueltos para marchar hacia una futura reconciliación  nacional, para lo cual se requiere el esclarecimiento  de los hechos de la guerra interna y se establezcan las responsabilidades de los genocidios, torturas, matanzas, desapariciones y violaciones de los derechos fundamentales cometidos durante los gobiernos de Belaunde, García Pérez y Fujimori que aplicaron una línea y política genocida para aplastar a sangre y fuego las luchas del pueblo, las que han dejado una secuela de heridas abiertas, enconos, resentimientos y ahondamiento del enfrentamiento social, que es necesario resolver. Pero la experiencia nos ha demostrado que para conquistar, defender y restablecer nuestros derechos debemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestra unidad para luchar organizadamente, lo cual corrobora la importancia y el significado de nuestra I Convención.

Durante el desenvolvimiento del evento, fueron presentadas mociones para cada uno de los temas, las que, luego de los debates y con los aportes, observaciones y sugerencias fueron aprobados; constituyéndose estas en planteamientos, conclusiones, acuerdos y tareas emanadas de la I Convención de Organizaciones y Masas por una Auténtica Comisión de la Verdad; es por ello que en nuestra condición de organizadores y cumpliendo con nuestra responsabilidad nos regocijamos con difundir y hacer llegar a nuestro pueblo, a los diversos organismos nacionales e internacionales, los fundamentos, conclusiones y acuerdos aprobados en la Convención.

Finalmente, hacemos llegar nuestro profundo agradecimiento a las diversas Organizaciones y a las Masas que llegaron de diversos lugares del país, a las personalidades democráticas, a los medios de prensa, a todos aquellos que a pesar de estar impedidos de hacer presencia física  (prisioneros, expatriados, requisitoriados y otros) sin embargo se hicieron presentes con tonificantes pronunciamientos de apoyo. Pero agradecemos muy especialmente a los que a pesar de enfrentar las más duras y difíciles condiciones de aislamiento, nunca dejaron de brindarnos su grandioso apoyo moral y luminoso, que nos sirvió de poderoso acicate para cumplir con nuestra responsabilidad, enfrentando y superando los problemas y dificultades que siempre existen.

Lima, 10 de agosto del 2001                                            COMISION ORGANIZADORA


TEMARIO

I.                   COMISION DE LA VERDAD.

II.                DESAPARECIDOS.

III.             DESPLAZADOS Y EXPATRIADOS.

IV.             DETENIDOS ASESINATOS Y TORTURAS.

V.                CONCLUSIONES ACUERDOS Y TAREAS-

                                                     Lima julio del 2001

FUNDAMENTOS

CONCLUSIONES Y

 ACUERDOS


I .-   COMISION DE LA VERDAD

           En nuestro país en los últimos veinte años se ha desenvuelto una guerra interna  de la cual aún quedan problemas pendientes, que deben ser resueltos necesariamente para lograr una futura reconciliación nacional sin vencedores ni vencidos, sin odios venganzas ni persecuciones personales contra nadie que permita avanzar en la  democratización de la sociedad peruana , en defender y restablecer los derechos fundamentales conculcados por la dictadura genocida de Fujimori y Montesinos quienes prosiguieron la política genocida que el Estado aplicó desde finales del 82 a través de los gobiernos de Belaunde y García Pérez.

            Existen como producto del conflicto armado que se desenvolvió desde mayo de 1980 problemas derivados como son: el resolver la situación de los que aún continúan en acción armada, la situación   de los 2900 prisioneros políticos y prisioneros de guerra, de más de 5000 requisitoriados, de miles de expatriados, de los casi 10000 desaparecidos y 600000 desplazados.

Luego que en noviembre 2000 cayera la  dictadura de Fujimori y Montesinos y asumiera  el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua planteó conformar una Comisión de la Verdad con el objetivo de marchar a una reconciliación nacional. Luego de más de 6 meses en Junio-Julio 2001 se ha conformado e instalado la Comisión de la Verdad a fin de esclarecer todos los hechos desde mayo de 1980 a diciembre del 2000.

            Consideramos que es positivo que como expresión de la nueva coyuntura política en la cual se abrieron posibilidades de democratización se haya conformado dicha Comisión, sin embargo observamos que en la selección de sus miembros no se haya considerado darle el nivel de representación que requiere para cumplir los objetivos que se ha propuesto el de investigar y esclarecer las causas , el proceso, los hechos y las responsabilidades y más aún que en forma unilateral no se considere a representantes de las dos partes, pues no se ha incluido entre sus miembros a ningún representante de las organizaciones que se levantaron en armas principalmente el Partido Comunista del Perú, a ningún representante de las organizaciones populares ni de los organismos que representan a los familiares de los desaparecidos y víctimas de genocidio, de los prisioneros políticos, de los requisitoriados, expatriados y desplazados sino que por el contrario se le ha integrado incluso con una ex miembro del gobierno de Fujimori que aplicó la línea genocida del Estado y a algunos que avalaron dicha política genocida expresada en genocidios, torturas, matanzas, correrías, terror blanco y múltiples violaciones de los derechos fundamentales.

            Todos quienes demandamos una solución política  a los problemas derivados  de la guerra nos pronunciamos por una auténtica Comisión de la Verdad integrada también por representantes de las dos partes y familiares y exigimos que el actual gobierno presidido por Alejandro Toledo quien en su mensaje presidencial ha reiterado su voluntad de institucionalizar  la Comisión de la Verdad  y dar carácter vinculante a sus acuerdos, escuche nuestra voz, la voz de quienes demandamos que se esclarezcan los hechos y que los genocidios y violaciones de los derechos fundamentales no sigan quedando impunes y que su gobierno de una solución política a los problemas pendientes; de otra manera la Comisión de la Verdad no cumplirá su papel y quedará como fué en su momento la Comisión  Uchuraccay y otras que en el pasado solo sirvieron a encubrir y avalar las violaciones de los derechos fundamentales y peor aún los genocidios perpetrados por las fuerzas armadas y las fuerzas policiales aplicando la estrategia contrasubversiva de la llamada “ guerra de baja intensidad” guiada por una línea y política genocida.

              En cuanto al Decreto Supremo Nº 065-2001 PCM del 4 de Junio del 2001 que conforma la Comisión de la Verdad desde su parte considerativa expresa su posición de defensa y mantenimiento del orden imperante al imputar de “violencia contra la humanidad” a las organizaciones levantadas en armas y exculpar al Estado peruano de línea y política genocida aplicada desde el 82 reduciéndola a “simples violaciones de los derechos humanos por parte de algunos agentes del Estado” eximiendo así de responsabilidad a los genocidas Belaúnde, García Pérez y principalmente a los genocidas Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos quienes para perpetuarse  en el poder utilizaron las esporádicas acciones de los que aún quedan en armas y se negaron a una solución política potenciando el aplastamiento militar a sangre y fuego para levantarse como vencedores, aumentando los gastos en armas para así engrosar más sus arcas corruptas, ellos son los responsables de los muertos, heridos y prisioneros, de draconianas  leyes antisubversivas, de la institución de la cadena perpetua, de los tribunales militares y jueces sin rostro, de una guerra de exterminio que sumada  a la de los dos gobiernos anteriores ha dejado miles de muertos y desaparecidos, expatriados, requisitoriados, son responsables de la aplicación de una política carcelaria de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático y sofisticado en las cárceles, nefasto sistema llevado al colmo de la crueldad y venganza política con la creación por Montesinos y Fujimori del Penal Militar de la Base Naval del Callao en el cual violando la propia Constitución del Estado y todos los Convenios y Tratados Internacionales han construido exprofesamente para someter al Dr. Abimael Guzmán Reinoso y Elena Iparraguirre Revoredo a un aislamiento absoluto y perpetuo ensañándose con ellos y llevando posteriormente a otros prisioneros políticos todos quienes aún se encuentran allí pese a que siendo civiles no tenían porqué estar ni un minuto en un penal militar.

               Por otro lado el Decreto Supremo 065-2001 PCM desde su punto de partida es unilateral pues carga la responsabilidad de las violaciones de derechos fundamentales a las organizaciones que se levantaron en armas y a  priori,  antes de investigar emiten juicios al tipificar de  “terrorista” a la acción armada contradiciéndose con lo que es uno de sus objetivos “esclarecimiento pleno de los hechos”, y repitiendo así la imputación acuñada por el imperialismo yanqui desde la Administración Reagan para desprestigiar y combatir todo movimiento de protesta popular o revolucionario en su afán de erigirse en superpotencia hegemónica única en lo que hoy ha devenido y negando el derecho político por excelencia cual es el de  rebelarse contra la opresión para transformar el mundo y construir uno nuevo.

               En su parte resolutiva desde el artículo primero persiste en imputar de “terrorismo” como ya lo hemos planteado y con lo cual no estamos de acuerdo pues para cumplir su objetivo la Comisión debe investigar con objetividad, sin ideas preconcebidas y sin uniteralidad sino en función de servir realmente a la verdadera reconciliación nacional y proponer las soluciones que sirvan a este fin.

               Respecto a los objetivos planteados en el artículo segundo “ analizar las condiciones políticas, sociales y culturales” no se puede hacer esto si es que no se parte como cuestión esencial de escuchar la posición de las organizaciones levantadas en armas principalmente la del Partido Comunista del Perú que fué quien inició en mayo de 1980 la guerra interna pues queremos escuchar sus razones y fundamentos y se aclaren muchos hechos que se les imputa pues anteriormente no se nos ha dejado ni escucharles menos aún que se difundan sus posiciones pues la sola mención del Partido Comunista del Perú o el MRTA es considerado delito de “apología al terrorismo” y objeto de persecución y detención que se extendió incluso a nosotros familiares de los asesinados, desaparecidos y prisioneros; por otra parte exigimos que los organismos del Estado peruano, Las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales informen públicamente y respondan de los innúmeros genocidios y múltiples violaciones  de los derechos fundamentales cometidos durante los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori; así como también debe escucharse la posición de nosotros los familiares que hemos sufrido en carne propia las consecuencias de esa brutal política genocida aplicada por dichos gobiernos de turno; así mismo debe escucharse la posición de las organizaciones populares, gremiales, sindicales, barriales, obreras y de mujeres, los organismos de derechos humanos, de la iglesia, los colegios profesionales, etc. Y no estamos de acuerdo que sólo se siga escuchando o teniendo en cuenta la opinión de las autoridades del Estado o de unos cuantos llamados  “senderólogos” y no se tome en cuenta la posición, razones y motivos de los protagonistas de dicha guerra y la del pueblo con sus diversos organismos y representantes.

                Nos llama la atención que en el artículo tercero entre los hechos a esclarecer no se considere los genocidios ¿ por qué ? lo que se pretende es encubrir una vez más los genocidios cometidos en campo y ciudad por las Fuerzas Armadas, Policiales y complementarias como “Rodrigo Franco”, “Gato”, “Escorpión”, “Colina”, etc. Que actuaron por expresa dirección y bajo órdenes de los presidentes de la república de turno, como lo reconoce la propia Defensoria del Pueblo que en el cuarto considerando de la Resolución Defensorial Nº 57 del 15 de noviembre del 2000 señala que “Los presuntos agentes directos o indirectos de la detención fueron, de acuerdo a la información disponible, miembros de las fuerzas del orden.... las desapariciones forzadas respondieron a las estrategias diseñadas por las instancias de mando, como ocurrió en otros países de la región” y en cuanto a cifras citamos de la propia Defensoria y de la misma Resolución donde plantea que de todos los casos denunciados de desaparecidos el 98.6% son atribuibles a las Fuerzas Armadas,  el Ejército, la Marina de Guerra , la Policía Nacional y las fuerzas complementarias.

               Resaltamos que el problema de la Comisión de la Verdad es de gran importancia para la sociedad peruana en su conjunto pues tiene que ver con la democratización de la sociedad peruana y la solución política a los problemas derivados de la guerra y para concretar y cumplir realmente sus objetivos debe concluir en una verdadera amnistía general en función de una futura reconciliación nacional que es necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto. Somos conscientes y la experiencia nos ha demostrado que para conquistar, defender y restablecer nuestros derechos debemos apoyarnos en  nuestras propias fuerzas en nuestra unidad para luchar organizadamente combatiendo todo afán de hegemonismo o intereses subalternos para actuar como un solo puño. Y alertamos ante las posiciones que pretenden utilizar la Comisión de la Verdad torciendo sus objetivos buscando encontrar violaciones de los derechos humanos en las organizaciones levantadas en armas para así querer contrapesar a las cometidas por el Estado peruano y las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales; así mismo consideramos y denunciamos a los sectores más recalcitrantes de la otra colina opuestos a la Comisión de la Verdad como lo hacen las conspicuas representantes del fujimorismo y el reaccionario, venenoso y macartista Editorial de Expreso del 7 de julio del 2001 titulado “La verdad, de las verdades” donde califican a la Comisión de la Verdad de “fatal pérdida de tiempo, inútil viaje sin destino” abarcando en su ciego odio anticomunista incluso a la denominada  izquierda peruana, lo que muestra que sólo quienes están de espaldas al futuro y al proceso histórico del país son quienes se oponen a la Comisión de la Verdad.

                

Por todo lo expuesto  la I Convención de Organizaciones y masas por una auténtica Comisión de la Verdad, acuerda:

 

  Luchar por una auténtica Comisión de la Verdad integrada también por representantes de las dos partes y familiares de los prisioneros, desaparecidos, torturados y victimados.

Todos los organismos y masas aquí presentes nos comprometemos a trabajar en forma cohesionada y organizada para recopilar todos los hechos desde mayo de 1980 hasta diciembre 2000 referidos a desapariciones, genocidios, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazados, requisitoriados, etc. Trabajar ese material para presentar documentación con pruebas fehacientes y testimonios ante la Comisión de la Verdad.

  La I Convención de Organizaciones y masas acuerda demandar al gobierno que los resultados de las investigaciones, acuerdos y conclusiones a que arribe la Comisión de la Verdad sean ventilados públicamente y difundidos ampliamente por los medios de comunicación.

  La I Convención acuerda conformar una Coordinadora Nacional de organizaciones y masas por una auténtica Comisión de la Verdad con el fin de aunar y canalizar esfuerzos en función a la tarea común. La Directiva de esta Coordinadora se elegirá en la sesión final de la presente Convención.

  A fin de concordar una estrategia común proponemos concretar todos los acuerdos parciales a que arribemos en los diversos puntos del temario en una plataforma de lucha.

  Como parte de lo anterior la I Convención de Organizaciones y masas por una auténtica  Comisión de la Verdad en ejercicio del derecho de petición acuerda elevar un documento al Presidente de la República pidiendo expresamente que la Coordinadora Nacional de  Organizaciones y masas por una auténtica Comisión de la Verdad sea incorporada como representante en la Comisión de la Verdad.

7°    Que la Coordinadora tenga comisiones en diversos lugares del país para descentralizar los informes.

8°    Pedir al gobierno que promulgue una verdadera Amnistía general.

9°    Pedir al gobierno que difunda públicamente los videos que existen sobre la Ronda de Conversaciones desenvuelta por el Doctor Abimael Guzmán Reinoso y los representantes del gobierno.

10°     Desenvolver una II Convención, cuyo tema específico será hacer expresiones de agravios.

11°     Desarrollar  constantemente expresiones de agravio en Plazas públicas,especie de agoras, lo haremos principalmente en Lima por la repercusión. La Coordinadora establecerá los dias,lugar y la hora,planificará y dirigirá. Así mismo se harán actos culturales constantes.

12°     Desenvolver todo tipo de trabajo que sirva a generar opinión pública favorable a nuestras demandas.

 

II .-    DESAPARECIDOS EN EL PERU

                        La desaparición de personas o desaparición forzada de personas como se denomina en la terminología internacional, se inicia en el Perú en 1983 con el ingreso de las Fuerzas Armadas a combatir directamente la guerra subversiva o lucha armada iniciada por el Partido Comunista del Perú en Mayo de 1980, pues antes no se había dado ningún caso de desaparecidos. Fue en el año 1983 que los desaparecidos alcanzaron el número de 730. El año 84 se registraron  2,881 desaparecidos que sumados a los 1,767 asesinados el 83,   alcanzó un total de 2,497 asesinados en el seno de las masas en dicho año;   y en1984, sumados a los  2,522 asesinados alcanzó el número de 5,403 asesinados, siendo  ese  año la cumbre más alta del genocidio ejecutado por las fuerzas armadas  durante el gobierno de Belaúnde Terry. Y con García Pérez hasta el año 86 los desaparecidos fueron 4,000 que sumados a los  4,700 asesinados hasta entonces totalizó el número de 8,700 asesinados, porque las desapariciones no son sino viles asesinatos como lo reconocen la Defensoría del Pueblo en su Resolución Nro. 57 sobre la Desaparición Forzada de personas en el Perú, páginas  12 y 13, dice: “En más del  25% (137) de  casos de ejecución extrajudicial estudiados, los familiares denunciaron ante el Ministerio Público  la desaparición forzada, en base a sus propios testimonios o a los de testigos de la detención. La Defensoría del Pueblo pudo constatar que en la mayoría de estos casos  se consignaba la presencia de huellas de tortura en los cuerpos de las víctimas o de disparos en la cabeza con fusiles tipo FAL como los utilizados por las fuerzas del orden  o de indicaciones que los cadáveres habían sido sometidos a explosiones de granadas. Estos casos permiten corroborar parcialmente que el destino final  de los desaparecidos fue la muerte”. O bien como lo presume la  Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 29 de Julio de 1998 recaída en el caso Manfredo Velásquez Rodríguez, sostiene que esta práctica “Ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de  borrar toda  huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron”. (Caso citado por la  Defensoría del  Pueblo en la resolución referida).

                        La  Defensoría del  Pueblo señala que, de  1980 a 1996  habrían en estado de presunta desaparición 4,022 personas, esta cifra la extrae del análisis de 1,762 denuncias  presentadas al Ministerio Público por desaparición. Esta cifra es minimizada pero  cabe  señalar que estos casos han sido estudiados, analizados y comprobados.

                        Pero este no es el total de personas desaparecidas por el Estado Peruano, su número es mucho  mayor. En todos los años de guerra interna hay un promedio de 10,000 personas desaparecidas habiendo alcanzado su mayor intensidad durante el gobierno de  Alan García Pérez, en este período las desapariciones no sólo se dieron en el.campo, sino en las ciudades, y en la propia capital de la República. Durante el gobierno del genocida Fujimori Fujimori, esta monstruosa política genocida se  mantuvo, llegando en los dos primeros años de su gobierno al número alcanzado por Belaúnde y García Pérez juntos, en ese mismo período de tiempo. Posteriormente fué disminuyendo en forma gradual, pero esto no fué porque el Estado peruano dejó de aplicar su política genocida de las desapariciones, sino a la petición hecha por el Dr. Abimael Guzmán Reynoso al gobierno de Fujimori para llevar adelante conversaciones a fin de concretar un Acuerdo de Paz que ponga término a la guerra interna iniciada por el Partido Comunista del Perú en mayo del 80.

                        La  Defensoría del Pueblo da los siguientes porcentajes sobre las denuncias analizadas: “El 30.6% de las desapariciones ocurrieron durante la segunda administración del Presidente Belaúnde Terry;  el 41.8%  durante el  gobierno del Presidente García Pérez y   el 27.6% durante los 6 primeros  años del gobierno del Presidente Fujimori “.

                            Los más afectados con la política de desapariciones, han sido las masas campesinas de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín, siguiéndole Huánuco, San Martín y Ucayali, Ancash, Cerro de Pasco, Cuzco, Lima, Puno, Amazonas, Arequipa, Ica, Lambayeque, Loreto, Piura, Provincia Constitucional del Callao, Cajamarca. En realidad, fue un problema nacional, se presentó en todos los departamentos en que se dió la confrontación armada.

             No todas las desapariciones han sido denunciadas , muchas veces por temor a las represalias , ya que la simple denuncia era motivo de sospecha , amenaza , desaparición y muerte de los familiares denunciantes. Muchos casos,  sobre todo de campesinos pobres no tenían la documentación de identidad,  ni los medios para hacerlo; en otros, eran asesinados y /o desparecidos todos los integrantes de la familia ,no habiendo quien haga la denuncia, como el caso de la familia Tuanama Tapullima en Tocache, caso denunciado por el diputado Geno Ruiz , y en el cual el ejército asesinó a 9 miembros de esa familia .

            En general hubo limitaciones , dificultades y hasta impedimentos para denunciar, sin embargo, los campesinos pobres son el grueso de los miles no habidos porque yacen envuelto en las sombras de fosas comunes aún desconocidas o cementerios clandestinos de los múltiples campos de concentración que las Fuerzas Armadas hicieron en el Perú contra quienes se levantaros en armas, pero no sólo contra ellos si no contra la población civil indefensa, bastaba ser sospechoso del llamado delito de terrorismo para ser detenido, secuestrado, torturado, desaparecido y/o asesinado .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

              LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN  EL PERU

           Frente al uso cada vez mayor de la inhumana y  genocida  política de desapariciones en los conflictos internos, los organismos internacionales se han abocado a investigar, a conceptualizarlo, como la Organización de las Naciones Unidas, que creó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias, en febrero de 1980. Este Grupo de Trabajo llegó a precisar que la desaparición forzada de personas vulnera el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a un juicio imparcial, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al régimen humano de detención y a no ser objeto de tortura. Asimismo, del derecho a la vida, el derecho de los familiares de la víctima, los derechos económicos, sociales y culturales. Además, refiere que constituye “una de las técnicas más perniciosas de violación de derechos humanos, conceptuándolo como un método eficaz de eliminación de adversarios políticos o sospechosos de realizar acciones subversivas al sacarlos del ámbito protector de la ley y evitar una reparación inmediata, de igual manera como una táctica para acabar con los insurgentes o sofocar las disidencias”. Citado en el Informe de la Defensoría del Pueblo “La Desaparición forzada de personas en el Perú”.

            Por su parte la Comisión Interamericana se abocó, en mérito de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a recepcionar y tramitar denuncias. Y la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de personas, la cual entró en vigencia en Marzo de 1996. La Convención en su artículo II define a la detención desaparición como: “la privación de la libertar a una o más personas, cualquiera que fuere la forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

            Además en su preámbulo reafirma que constituye un delito de lesa humanidad.

            El Perú no ha suscrito esta Convención.

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha precisado: “que la declaratoria de los estados de emergencia se constituyó como el escenario determinante de las desapariciones, en tanto que sirvieron para amparar el abuso de los poderes otorgados a las fuerzas armadas, que detenían a las personas sin cargos, sin registrarlos y privándolos de los recursos legales pertinentes…..” y precisó “que las detenciones fueron ejecutadas por miembros de las fuerzas armadas al mando de los jefes políticos militares y los jefes de las bases militares y por policías fundamentalmente de la DINCOTE…” Cita del informe de la Defensoría sobre la Desaparición Forzada de personas en el Perú.

            Amnistía Internacional en carta dirigida a Belaúnde Terry en 1983 precisó que las Desapariciones Forzadas fueron llevadas a cabo de modo conjunto por agentes de la policía y las fuerzas armadas desde 1983 en las zonas de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, posteriormente al establecimiento del Comando Político militar. (En Informe de la Defensoría del Pueblo, mencionado anteriormente).

            El Estado Peruano siempre negó ser autor de los miles de desaparecidos, más bien, responsabilizó al Partido Comunista del Perú ser el autor. Algunos organismos de diversa índole tuvieron la misma posición, los medios de prensa algo semejante.

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de tramitar numerosas denuncias contra el Estado Peruano por desaparición forzada, afirmó: “que en el período 1989-1993 existió en el Perú una práctica sistemática y selectiva de desapariciones forzadas, llevada a cabo por agentes del Estado Peruano, o al menos tolerada por dicho Estado. La llamada práctica oficial de desapariciones forzadas formó parte de la llamada lucha antisubversiva, sin perjuicio de que muchas veces afectó a personas que no tenían nada que ver con actividades relacionadas con grupos disidentes”. (Del mismo informe de Defensoría del Pueblo).

            En la aplicación de la política de desaparecidos en el Perú se ha dado diversas modalidades en la detención de las personas desaparecidas, esto es diversas circunstancias en que éstas perdieron su libertad:

            .- Incursión violenta en domicilio, casi siempre se hizo de noche, cuando las personas dormían, se aplicó principalmente en zonas rurales por patrullas militares, siempre en grupo y clandestinamente, golpeaban y masacraban al detenido, robándose además sus pertenencias.

            .- Detención en vía pública, se hacía a cualquier hora del día, con testigos o sin ellos.

            .- Detención colectiva, se detenía simultáneamente a cantidad de personas en incursiones a comunidades después de reunirlas en la plaza, en la iglesia o en otro lugar público. Los detenidos eran torturados en presencia de todos, golpeaban a los demás, violaban sexualmente a las mujeres, a veces mataban a aquellos que reclamaban o protestaban, robaban el ganado y las pertenencias de la población.

            .- Operativos de control de carreteras, de garitas, aprovechaban que las víctimas estaban viajando, los bajaban de los vehículos en presencia de testigos.

            .- Detención individual, la víctima era detenida en forma individual, en diversos lugares públicos como restaurantes, universidades, colegios, parques, plazuelas. Se hacía tras sospecha de presunto subversivo, luego de identificar a las personas, a veces eran dirigentes o políticos.

            .- Detención en ferias, paradas, desfiles escolares, se detenía a las personas individualmente o a varias al mismos tiempo y en presencia de testigos.

            .- Otras formas de detención: cuando la persona iba a buscar y preguntar por su familiar detenido en centros policiales o cuarteles militares, también era detenido y desaparecido.

        DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS DE LAS PERSONAS

        DESAPARECIDAS.

1.- Derecho a la libertad y seguridad personal.

2.- Derecho a tener el debido proceso, o debido juicio o juicio imparcial.

3.- Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica .

4.- Derecho de toda persona, que al ser detenida,  se respeten sus derechos fundamentales .

5.- Derecho a la vida .

6.- Derecho a tener una vida familiar y social y el derecho a la reparación .

7.- Derecho de los familiares a conocer la situación y paradero de sus familiares desaparecidos .

8.- Derecho al nicho .

         El Estado peruano no sólo vulnero los derechos fundamentales de las personas desaparecidas , sino que esta vulneración se extendió hasta  los derechos de los familiares .

               Todos estos derechos vulnerados y negados por el Estado Peruano en todo el proceso de la guerra contrasubversiva están declarados reconocido y garantizados por la Constitución Política del Perú, tanto por la de 1979 como por la de 1993 y por los Convenios y Tratados Internacionales como son: “Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, que de conformidad con el articulo 101 de la Constitución del 79 y el articulo 55 de la del 93, estos convenios forma parte del Derecho nacional , de obligada aplicación por el Estado peruano.

   SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL.-  

Reconocido y garantizado por el Artículo 2do. Inciso 20 parágrafos b), d), g), h), i), j), y k) de la Constitución Política del 79; y, por el artículo 2do. Inciso 24, parágrafos b), d), e), f), g) y h) de la Constitución del 93.

            Ambas prescriben que ninguna persona puede ser detenida sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, y en este caso debe ser puesto a disposición del Juzgado correspondiente dentro de las 24 horas o en el término de la distancia. En el caso de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, no rige el término de 24 horas, puede estar en poder de la policía hasta 15 días pero deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, el que puede asumir jurisdicción antes de los 15 días. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 9no. Prescribe, que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” en su artículo 7mo. Incisos 1,2,3,4,5,6 y 7 sostiene lo mismo. El inciso 1. textualmente dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Y el inciso 2do. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Y el inciso 3ro. Dice: “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

            En el caso de los desaparecidos del Perú, en todo el proceso de la guerra interna, se hizo tabla rasa de este derecho, se detuvo a las personas sin ningún motivo ni causa, se los secuestró, es decir, se las arrancó violentamente de su familia o de su medio habitual de vida, ocultándola de sus familiares y/o de las demás personas con las que convivía, para luego torturarlos salvajemente sin ningún sentimiento ni escrúpulo humano, hasta asesinarlos, como lo acreditan los testimonios de los familiares de personas desaparecidas o de las personas que después de haber sido detenidas y/o secuestradas tuvieron la suerte de salir vivos, testimonios que aparecen en el Informe “La desaparición forzada de personas en el Perú”, de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo el siguiente: “ (….) yo a las justas me podía arrastrar para hacer mis necesidades fisiológicas, es entonces que se asustaron que me sangraba la herida que tenía en la pierna y dijeron que iban a traer a un médico, es entonces que arrastrándome salí del ambiente donde había permanecido y todo esto porque como era tanto tiempo sin alimentarme bien, que las marrocas que sujetaban mis muñecas en principio me apretaban pero ese día mi mano salió fácilmente y pude librarme de tales marrocas; me arrastré por debajo de los vehículos que se ubicaban en un patio contiguo al lugar donde estaba detenido y me percaté de un ómnibus de color rojo, el mismo que transportaba a diverso personal del cuartel y me instalé en la parte de encima de la corona; es cuando que a las 19:30 horas, este vehículo salió del cuartel “9 de Diciembre” y entre las avenidas Ayacucho y Amazonas me arrojé; en cuanto casi me atropella un vehículo taxista, pero al explicarle me recogió y me llevó hasta los Próceres, y de ahí caminando llegué a mi domicilio (….)” Legajo Nro. 11 Expediente Nro. 1254 fojas 4 y 5. Distrito judicial de Junín. Manifestación de Reaparecido Huancayo  12-14-91. pág 144 del Informe en mención.

            Caso de muerto por tortura y desaparición de cadáver:

            “Los demás días fueron hostilizados y amenazados para que confesaran pero ya no los maltrataban tanto, hasta el primero de Setiembre de 1991 en que entraron al calabozo el sub-oficial Navarro, el sargento Robles y el cabo García y otros soldados no identificados, además del sargento Rosas, manifiesta que éstos estaban al parecer embriagados y comenzaron a golpearlos simultáneamente a los dos, y que el sargento Robles y el cabo García lo golpeó a él, y el sub-oficial Navarro y el Sargento Rosas se encargaron de golpear a su primo hasta dejarlo en estado inconsciente, a Efraín, permaneciendo en el calabozo completamente adoloridos, que ellos se retiraron hasta la noche en que volvieron para ver cómo seguían, y el sub-oficial Navarro al ver que Efraín estaba sumamente adolorido le dio una pastilla para el dolor a los dos. Que durante la noche observó que su primo ya no podía hablar y que sólo roncaba. Que al día siguiente a las 6 a.m. los despertaron y fueron separados, su primo quedó en el calabozo y él conducido a otro de la misma base permaneciendo en una habitación contigua, donde escuchaba que los soldados llamaban a su primo Efraín pero que éste no contestaba. Al día siguiente, 04 de Setiembre entró a la habitación donde se encontraba el recurrente, el mayor Rodríguez Tadeo quien le preguntó qué tenía, y él le contó que lo habían golpeado cruelmente y en ese momento entró el sub-oficial Navarro quien replicó que eran terroristas; posteriormente a la 1:30 de la tarde su primo y él fueron sueltos y llevados a uno de los dos carros militares que habían llegado y los llevaron con destino a Huaraz, pero uno de los carros se atrasó y el carro se detuvo en un puesto policial a la entrada de Huaraz, puesto de Tacllan, mientras esperaban que llegase el otro carro, allí manifiesta que mientras esperaban, su primo que estaba apoyado sobre él falleció (….) y luego el cadáver de su primo fue llevado al cuartel de Huaraz, donde salvo a él lo llevaron al calabozo, desconociendo qué habrían hecho con el cadáver de su primo….” Legajo 46 (Lima, violaciones de Derechos Humanos Expediente 113-93) Exp. Sin foliar, manifestación del reaparecido F.B.S.M. ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Lima 18 de Febrero de 1993” Pág. 170 y 171 del mencionado Informe.

            Otro:  Parte del testimonio de la esposa de un desaparecido que aparece en la publicación de la Defensoría del Pueblo  “Las voces de los desaparecidos”. Testimonio de los familiares pág 43, 44, 45, 46 y 47.  “A las 12 de la noche del 1ro. De Diciembre han entrado y a él lo han inculpado que era terruco, pero en realidad él no era así. Si fuera así no estaría durmiendo en su casa…….Él tenía 28 años, yo tenía 18 años……. Esa noche estábamos durmiendo, teníamos un cuartito alquilado, mi esposo era cerrajero, teníamos un local ése también era alquilado. Yo no me había quedado totalmente dormida. Entonces en eso mi esposo estaba durmiendo, me decía “creo que han entrado” yo pensaba que eran rateros pero no eran, de noche han allanado. La puerta de calamina han pateado. Eran de la policía.

                        Al día siguiente cuando he ido me han dicho en la Comisaría  “Anoche han salido en la patrulla, el ejército, la guardia republicana, el servicio de inteligencia, todo mezclado han salido”. Cuando entraron dijo así: “Nos tienes que acompañar”. No querían que prendiéramos la luz tampoco. Entonces en ese momento a mi esposo lo empezaron a levantar del cabello. En eso yo me he desesperado, me he agarrado de mi esposo, de su chompa. Querían llevar así con su ropita con la que estaba dormido, descalzo, querían llevar, entonces yo me he levantado, mi bebito llorando, el chiquito desesperado,  “¿Porqué vas a llevar a mi esposo, mi esposo qué culpa tiene?  “Terruca cállate!  Ahorita te vamos a volar los sesos” me dijo  “¿Porqué? ¿Qué cosa hemos hecho?  Estamos en nuestra casa, en donde ustedes han encontrado a mi esposo, mi esposo trabaja acá”. Entonces nada no lo han soltado. En eso mi esposo les ha dicho “Me voy a poner mi ropa” ¿Cómo me van a llevar así descalzo? Pero como yo le he agarrado de su ropa, mi esposo rapidito se ha puesto su chompa, sus zapatos y su casaca. En eso, empezaron a jalarlo del cabello delante de mí estaban golpeando, “terruco” le decían, tratando de lisuras, conchasumadre…… yo me he prendido: ¿Porqué lo van a llevar?. En eso, me han puesto arma en la cabeza, nada, yo no tenía miedo en ese rato. “Aunque sea mátame, yo no lo voy a soltar, no lo van a llevar”.

                        Entonces dos me han agarrado, me han quitado mi mano, mi dedo me habían torcido, yo me había caído, casi 15 encapuchados en un cuarto llenecito, en el ropero ahí nomás todititas nuestras cosas empezaron a buscar, las ropas en el suelo, la cama que han levantado, hasta a mi chiquita, a mi bebita la han hecho caer al suelo. Empezaron a golpear el colchón todo, empezaron a buscar pero no han encontrado  “¡Qué cosa van a encontrar, nada!” Yo me había quedado desmayada, me han tirado como trapo al suelo, no sé con qué me he chancado y así parece que dormida me he quedado. Entonces me he despertado y ya no estaban. Entonces veo la puerta de afuera nos habían amarrado. Mi bebita estaba a mi lado llorando. Cuando me he despertado ella estaba ahí…… Todas mis cosas en el suelo, teníamos nuestra platita que hemos guardado porque no podíamos guardar en el Banco porque era para cancelar nuestro terreno, todo eso, nuestra plata se la han llevado. La plata se habían llevado. El de 4 años también estaba llorando desesperado.

                        Entonces al día siguiente, cuando amaneció yo no sentía nada, yo apenas que amaneció me he ido al cuartel, entonces ahí primerito le pregunto: “dónde van a llevar?, dónde voy a ir a buscar?  ¿Porqué van a lllevar así?”  “vas a ir cuartel” así me dijo, y de ahí al día siguiente me he ido al cuarte, me dijo: “cómo vas a llorar, de un terruco no vale la pena”, y me insultaron.  Después he venido a la comandancia, fui a buscar desde ese día nada. Al fiscal desde ese día he llevado denuncia. Todo eso hice al día siguiente…….”

                        Para presentar documentos nos juntábamos con otras señoras. Esa vez no sólo a mi esposo habían traído sino a varios otros habían traído…….fuimos los primeritos que estábamos presentando documentos.

                        De vuelta he escuchado que habían 9 cadáveres en Infiernillo hay un huayco, ahí también he ido, cargando a mi bebito pero hemos encontrado cinco cadáveres con unas señoras más hemos ido, tres hemos ido de ahí he bajado, no sé cómo he bajado, he llegado y ahí también me parecía que estaba vivo, que estaba respirando pero por la espalda habían cortado con un cuchillo y entonces por ahí, como estaba agusanado, estaba saliendo sangre, toditito le habían calateado, bien calatitos estaban, dos chicas y tres varones. Entonces yo para reconocer su cara le he volteado, toditida su cara le habían cortado con cuchillo. Y su ojo le habían sacado, le habían puesto pintura. Y así, más abajo estaban todos”.

                        En eso el taxista que nos ayudaba nos dice, cuando lo matan en el cuartel lo traen así, lo botan, cuidado les alcanzan y les van a matar a todos. Entonces mirando eso he buscado en su pie, tenía una cicatriz como manejaba moto él se ha quemado, tenía una cicatriz  grande. Entonces en eso empecé a buscar a todos pero no había.

                        ¿Y dónde está?, hasta ahora no sabemos, hasta cuando yo me muera siempre voy a estar diciendo que era totalmente inocente, por qué va a desaparecer, por gusto, por nada…

                        Al gobierno, nosotros queremos que nos escuche. Hace mucho tiempo que nos hemos presentado para un diálogo, nada de diálogo, no nos recibe. “Eso siempre vamos a estar exigiendo, no nos vamos a callar hasta saber lo que ha pasado con ellos”.  Julio del 2000.

                        Los demás incisos de los citados artículos de ambas Constituciones se refieren a los derechos de: presunción de inocencia de toda persona mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad;  a no ser incomunicada sino  en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito y en la forma y el tiempo previstos por la ley;  a la carencia de valor de las declaraciones obtenidas por la violencia y la responsabilidad penal de quien las obtiene de esa forma.

                        . SOBRE EL DERECHO A TENER EL DEBIDO PROCESO, O DEBIDO JUICIO O JUICIO IMPARCIAL.-  También en ambas Constituciones lo garantizan del mismo modo los Tratados.

                        La Constitución del 79 en el artículo 2do. Inciso 20 parágrafo L) prescribe: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimientos distintos a los previamente establecidos, ni juzgada por tribunales de excepción o comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación”  y en el artículo 233 establece las garantías de la administración de justicia.

                        La Constitución del 93 en su artículo 139 inciso 3ro. Establece: “La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.

                        La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11 inciso 1ro. Dice: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en juicio en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

                        Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” en su artículo 8 con sus cinco incisos y 7 parágrafos establece todas las garantías judiciales que garantizan el debido proceso o debido juicio. Nada de esto se aplicó, pues sus captores y secuestradores los torturaron, los juzgaron, sentenciaron y los desaparecieron, crímenes de lesa humanidad que el Estado peruano debe responder, porque la política de Desaparecidos ha sido estructurada para combatir la subversión, ha sido política del Estado.

                        . SOBRE EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.-

                        También el Estado Peruano reconoce este derecho. La Constitución del 79 en su artículo 1ro. Dice: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado.  Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla” Y en el inciso 1ro. Del Artículo 2do. Establece  “Toda persona tiene derecho:  a la vida, a un nombre propio, a la integridad física y al libre desenvolvimiento de su personalidad……”  Estos derechos están en concordancia con lo que establece el inciso 20 del artículo 2do. De la misma Constitución, que, establece el derecho a la libertad y seguridad personales ennumerando esos derechos en sus 13 incisos. Por su parte la Constitución del 93 repite lo mismo. En su artículo 1ro. Prescribe “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” y el artículo 2do. Inciso 1 dice:  “Toda persona tiene derecho:  1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, síquica y física y a su libre desarrollo y bienestar….” Este contenido concuerda con el inciso 24 parágrafo H del mismo acápite.

                        La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 6to. Establece: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

                        Y el  “Pacto de San José de Costa Rica” en su artículo 3ro. Establece el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, prescribe:  “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

                        Como vemos este articulado supone el reconocimiento de todo un conjunto de derechos que adquiere el ser humano como ser social, desde el derecho a la vida, pasando por el derecho de conservar su salud física, mental y moral hasta los derechos personales, judiciales, sociales, económicos y políticos. Es decir, todos esos derechos fundamentales, que los pueblos en su larga lucha histórica ha ido conquistando para la humanidad”.

                        . SOBRE EL DERECHO DE TODA PERSONA AL SER DETENIDA, SE RESPETE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.   Esto es que principalmente se le otorgue un trato humano, que se le permita su defensa, las acciones de Habeas Corpus, que no sea sometido a tratos vejatorios, humillantes y a crueles y monstruosas torturas, hasta quitarles la vida, como se ha hecho. La Constitución Política del 79 dice en su artículo 234: “Nadie puede ser sometido a torturas y tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede solicitar al juez que ordene de inmediato el exámen médico de la persona privada de su libertad si cree que ésta es víctima de maltratos…..”

                        La Constitución Política del 93 en su artículo 2do. Inciso 24 parágrafo h) dice: “Nadie debe ser víctima de violencia moral síquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes……Quien la emplea incurre en responsabilidad.

                        La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5to. Establece: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos  “Pacto de San José de Costa Rica” en su artículo 5 inciso 2do. Prescribe:  “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

                        Nada de lo prescrito en estas normas se ha respetado ni menos aplicado, todo se ha negado. El caso de Efraín descrito por su primo sobreviviente de torturas, que más adelante, hemos consignado, prueba lo que hicieron las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y fuerzas complementarias, antes de desaparecer a sus víctimas. En el Informe de la Defensoría del Pueblo hay muchos testimonios sobre lo mismo.

                        . SOBRE EL DERECHO A LA VIDA. Este ya hemos tratado en puntos anteriores. Las Dos Constituciones Políticas, lo reconocen. Igualmente los Tratados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3ro. Dice:  “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” en su artículo 4to. Establece el “Derecho a la vida” y se especifica en sus 6 incisos, así el inciso 1ro. Dice:  “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y, en general a partir del momento de su concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

                        Sin embargo, en el proceso de la guerra contrasubversiva, el Estado peruano no respetó este derecho, aplicó su política genocida, llegando incluso a desaparecer niños y jóvenes, como el caso de los hermanos Paquiyauri en Junio del 90 en Lima, de 15 y 17 años de edad, entre otros, así como a mujeres embarazadas, la mayoría campesinos.

                        Desde el 83 se aplicó el terror blanco en Ayacucho se sumó la aparición de campos de concentración, grandes centros de tortura masiva y siniestra, controlados por el ejército en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho, en Totos, en Cangallo, Coisa y Pichari en La Mar y en Huanta, a cargo de la Marina. Se enterraron vivos a los más torturados, a otros se les hacía cavar sus fosas de más de 3 metros de profundidad y se les empujaba a las mismas, otros eran arrojados, atados de pies y manos. Se tasajeaba los cuerpos antes de matarlos, la tortura fue brutal, salvaje, llegando a clavar en estacas cabezas degolladas y desapareciendo el resto de sus cuerpos. En la propia Lima, el caso de los 2 estudiantes, José Abel Malpartida y Luis Alberto Alvarez que fueron volados vivos con explosivos, sembrando sus cabezas en arenales del sur de Lima y desapareciendo sus cuerpos.  Otros, después de torturarlos y asesinarlos, sus cuerpos fueron cremados como el caso de los estudiantes de La Cantuta. Fosas comunes guardan los restos de los desaparecidos, fosas que hasta hoy se siguen encontrando como:

Fosa en la Quebrada de Chonta por Ocros, Huaraz, descubierta en 1997.

Fosas en la Quebrada de Ulta en el distrito de Marcará, Ocros, Huaraz, como lo ha denunciado el sacerdote Idelfonso Espinoza el 23.07.01 a los medios de prensa.

Fosas en Accomarca, anexo de Llocllapama que contiene los cuerpos de los 69 asesinados en el genocidio de Accomarca  en Agosto del 85 durante el gobierno de Alan García Pérez. Denuncia hecha por Cesárero Gamboa de la Cruz en el programa de Hildebrant, en julio del presente año.

Fosas de Churcapampa, en la Base Militar abandonada el 95 encontraron gran cantidad de restos humanos.

Varias fosas en Hualla (Víctor Fajardo) el 05-07-01 se dieron a conocer.

En Huancasancos hallaron restos con orificios de bala el 02-07.91.

Fosas Comunes en Huamanquilla y Yanacocha en Ayacucho fueron encontrados el 16-07-01 por obreros cuando construían una carretera en Huanta. Según los habitantes  del lugar esas fosas corresponderían a la década del 80.

Fosas comunes encontradas en Totos.

Ya anteriormente se han encontrado otras fosas comunes con restos humanos, y aún subsisten cantidad de ellas en diversos lugares  principalmente en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica que no han sido denunciados por los campesinos por temor a la persecución política y militar.

            . EL DERECHO A TENER UNA VIDA FAMILIAR Y EL DERECHO A

LA REPARACION.-  La Constitución Política del Perú, tanto la del 79 como la del 93, reconoce estos derechos dentro de los derechos sociales, económicos y políticos. Es dentro de este mismo rubro de derechos, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” los reconoce.

            Pues las personas desaparecidas, al ser detenidas y/o secuestradas, fueron arrancadas violentamente de sus familias y/o del grupo social y comunidad en donde vivían y se desenvolvían cotidianamente.

            No sólo fue afectada la víctima que tuvo que soportar desde la pérdida de su libertad, de su familia, hasta el sufrimiento por las vejaciones, humillaciones, torturas, hasta la pérdida de la vida, sino que también fue afectada su familia que quedó abandonada, si la persona detenida era el padre o la madre o hijos que sustentaban la familia, esta se quedaba económicamente desprotegida, y si eran niños y jóvenes, sus esperanzas quedaban destruidas. La situación de incertidumbre de pensar si sus seres queridos viven o están muertos, la incesante búsqueda por años, incluso dentro de cantidad de cadáveres con huellas de haber sufrido horribles torturas antes de ser asesinados, el silencio de las autoridades como respuesta, es una constante tortura para los familiares, es un grave daño que se les ha causado que va mellando su salud, como lo demuestran los testimonios de familiares de las personas desaparecidas y publicados por la Defensoría del Pueblo.

            Por ello corresponde a los familiares el derecho a obtener una reparación de carácter integral, que comprende medidas de indemnización por los graves daños y perjuicios producidos y medidas de satisfacción.

            . DERECHO DE LOS FAMILIARES A CONOCER LA SITUACION Y PARADERO DE SUS FAMILIARES DESAPARECIDOS.  Los familiares de las personas desaparecidas han venido exigiendo a los gobiernos de Belaúnde Terry, de García Pérez y Fujimori Fujimori, se les dé a conocer qué pasó, dónde están sus familiares no habidos desde que fueron detenidos y/o secuestrados. Quieren saber la verdad, tienen derecho a conocer el paradero de sus seres queridos. Tienen el derecho de petición garantizado por la Constitución del 79 en su artículo 2 inciso 18 y por la actual Constitución Política del 93 en su artículo 2do. Inciso 20, , por la que el Estado peruano, el gobierno está obligado a dar a los familiares una respuesta por escrito dentro de un plazo, bajo responsabilidad. Esta sin el perjuicio ni la contraposición de que una Auténtica Comisión de la Verdad, investigue qué ocurrió con los miles de nuestros familiares desaparecidos. El Estado peruano debe decir qué ocurrió con las víctimas, hechos, circunstancias, motivos en qué y porqué se produjo su detención y desaparición de sus seres queridos y su situación final. Pero no es sólo un derecho de los familiares, sino un derecho de todo el pueblo, de la sociedad de conocer la verdad de lo ocurrido.

            .DERECHO  AL  NICHO .- Los familiares tienen derecho a enterrar a sus seres queridos, darles sepultura y rendirles homenaje de acuerdo a sus costumbres, creencias y prácticas rituales. Para ello, es una necesidad que conozcan el destino final de sus seres queridos. Si están muertos, debe el gobierno decir dónde están sus restos y hacer entrega de los mismos para recibir sepultura y el homenaje familiar y de la comunidad.

        ALGUNOS DE LOS DESAPARECIDOS EN EL PERU

        1.- GOBIERNO DE FERNANDO BELAUNDE TERRY:

Los hermanos Yangali de los Ríos en Ayacucho. Efrén, abogado, fue a buscar a su hermano a un cuartel donde estaba detenido. Ambos fueron desaparecidos.

Alberto Loc Ekselshom. Ayacucho

Mercedes Malpica. Ayacucho

Teresa Durand Araujo. El 28 de Agosto de 1984 en Churucampa Huancavelica.

Lourdes Cárdenas Lopez en Mayo de 1984 en Ayacucho en el cuartel de Los Cabitos.

Carlota Tello Cuti. Diciembre de 1984. Ayacucho

Elvira Ramirez Aranda.  Ayacucho.

Nelly Ayllón. Andahuaylas

Bruno Siccha Romaní. En Ayacucho.

Los hermanos Mantilla Morales.  Ayacucho.

2.-  GOBIERNO  DE  ALAN  GARCIA:

Santiago Castillo Cavero en Lima. 1986

José Vasquez Huayco. Abogado en Lima 1986

Ernesto Castillo Paez. Estudiante de la Universidad Católica.

José Asnarán. Profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Carlos Yepes Rosas.  Estudiante  Lima.

Más de 100 desaparecidos en el Frontón en el genocidio de los penales perpretado por las fuerzas armadas pro orden de García Pérez.

Los 69 campesinos incluyendo mujeres y niños asesinados y desaparecidos sus cadáveres en el genocidio de Accomarca en Agosto de 1986.

Efraín Llamota. En el Callao 1990.

Lucas Tulich Morales.  Huamachuco 1984

Isabel Sánchez Covarrubias – Huamachuco 1984

Oscar Delgado Lima 1986

Carmen Delgado.  Lima  1987.

3.- GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

Wilfredo Terrones Silva, Abogado 1992 en Lima.

Justiniano Najarro Rua, catedrático de la Universidad de Huamanga.

Los hermanos Gómez Paquiyauri en Lima.

7 profesores candidatos de IU para las elecciones municipales en Huancapi, Víctor Fajardo, 19 de Abril de 1991 cuando regresaban a sus casas después de inscribirse como candidatos, una patrulla militar los condujo a la Base Militar y nunca más salieron de allí.

9 campesinos de la localidad del Santa: Jesús Noriega Ríos, hermanos Carlos y Jorge Tarazona, Gilmer León, Denis Castillo, Federico Coquis, Pedro Pablo Gonzáles y hermanos Roberto y Carlos Barrientos Velásquez, 2 de Mayo 1993. Chimbote, Ancash.

Edith Galván Montero, Carlos Canales en Lima en Villa el Salvador.

Meregildo Guerrero Huamán y Artemio Córdova Villegas. Enero 99 en la Comunidad de Perico – Jaén  Cajamarca, fueron detenidos cuando pescaban en el río Chinchipe.

Profesor Hugo Muñoz Sánchez y los estudiantes de La Cantuta, secuestrados en la misma universidad. El 18 de Julio de 1992, torturados salvajemente, sus cuerpos quemados y desaparecidos.

3 autoridades de Chuschi en Víctor Fajardo- Alcalde, secretario del Concejo y Gobernador.

6 personas fueron apresadas y torturadas en la Base Militar de Puquio. Uno escapó y los demás fueron desaparecidos. Agosto de 1991.

15 campesinos fueron desaparecidos por el Ejército en el distrito de Cahuanca y anexos provincia de Caravelí Arequipa Agosto de 1991

2 personas desaparecen en el fundo Bocanegra en Lima. Setiembre 1991.

Dirigente de Acción Popular de Iscos en Junín. 1991.

2 estudiantes de la Universidad del Centro desaparecidos, sus cadáveres aparecieron muchos días después “muertos por asfixia” y con huellas de tortura. 1991.

Cientos de desaparecidos en Junín en 1991.

Desaparecidos en Pucallpa – Ucayali en 1991.

Desaparecidos en Tarapoto en los distritos de Morales Soritar y Naranjillo y las localidades de Chiclayo y Picota,  San Martín.

Víctor Teobaldo Zorrilla Castilla desaparecido en Ambo Huánuco 1990.

Olga Bejarano Bejarano desaparecida en Cangallo 1992.

Norma Huamán Guisado. Cangallo Fajardo.

Ricardo Quintanilla, Puno Azángaro  1996.

Juana Cosquillo Mercado. Lima.

Raúl Maguiña. Pachacamac Lima. Dirigente de CUAVES.

CONCLUSIONES

        1.- El Estado Peruano es el autor de la desaparición de miles de personas en el proceso de la guerra interna desenvuelta en el país, crimen ejecutado por las fuerzas armadas, fuerzas policiales, meznadas, rondas, comités de autodefensa, grupos paramilitares, etc.

            2.- Siendo el Estado Peruano autor de la desaparición forzada de miles de personas en el Perú, debe asumir su responsabilidad y resarcir el grave daño causado a las víctimas y a sus familiares, debiendo proceder a informar el paradero y el destino final de los detenidos, secuestrados y desaparecidos, y en el caso de estar muertos debe proceder a la entrega de sus restos.

            3.- El Estado Peruano, como responsable de la aplicación de la política genocida de la desaparición de personas, en su lucha contrasubversiva,  tiene la obligación de decir la verdad de lo ocurrido. Para ello debe establecer una Auténtica Comisión de la Verdad integrada también por las dos partes y los familiares de los desaparecidos.

                        ACUERDOS

       

            1.- Los organismos y las masas asistentes a esta I Convención acuerda pedir al gobierno del Perú la inmediata solución política a los problemas derivados de la guerra interna y en lo específico, el problema de los desaparecidos, debiendo el gobierno informar a los familiares sobre el paradero y destino final de las personas detenidas, secuestradas y desaparecidas y en el caso de que estarían muertas, procederá a la entrega de sus restos y al pago de una indemnización a los familiares como reparación por el grave daño causado a la víctima y a sus familiares.

            2.- La I Convención de Organizaciones y Masas por una Auténtica Comisión de la Verdad acuerda pedir al gobierno la conformación de una Auténtica Comisión de la Verdad integrada también por las dos partes y por los familiares de los desaparecidos.

              3.- La Convención acuerda que la desaparición forzada debe ser catalogada como un delito de lesa humanidad.

                                                          

              4.- Pedir que el Estado peruano suscriba la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas.

               5.- Investigar y recopilar información sobre todos los casos de desapariciones que aún no han sido denunciados.Denunciar estos nuevos casos ante la opinión pública nacional e internacional.

               6.- No agotar nuestro trabajo hasta esclarecer y encontrar a los desaparecidos.

 III .-      SOBRE LOS DESPLAZADOS

1.-  Proceso histórico en los últimos veinte años.

El proceso de expulsión del campo se ha venido desenvolviendo antes de los últimos veinte años siendo producto del capitalismo burocrático que tiene bases feudales y está sometido al imperialismo principalmente norteamericano, que genera mayor hambre, empobrecimiento, explotación, y miseria para el campesinado principalmente pobre. Durante la guerra interna desde 1980 este proceso se acentuó producto de la guerra genocida que aplicó el Estado peruano desde 1983-84 con el ingreso de las Fuerzas Armadas en el campo para combatir a los alzados en armas del Partido Comunista del Perú. Es a partir de estos años que se producen reiteradamente matanzas  y genocidios en diferentes lugares de la sierra principalmente en Ayacucho como en el caso de Accomarca, Llocllapampa, Umaru, Bellavista, Cayara, Parcco, Pomatambo, etc. Muchos de los cuales recién hoy  se están abriendo las fosas comunes. Así las masas campesinas, habiendo vivido la mayoría de ellos la matanza de sus familiares, el robo de sus pertenencias y quema de sus cosas además de las amenazas de las Fuerzas Armadas para que  actúen como carne de cañón, enfrentando masas contra masas, o a través de sus rondas campesinas, o del control de la población en especies de aldeas estratégicas dentro de su guerra contrasubversiva, se han visto obligados a huir del campo, dejar sus tierras y llegar sin nada a las ciudades principales de Ayacucho y Lima para sufrir aquí las penurias que afrontan las masas pobres de barrios y barriadas, en condiciones infrahumanas, la mayoría en los lugares más alejados trabajando informalmente en fabricación de ladrillos, explotados como mano de obra barata en las chacras, en trabajos temporales o de ambulantes, viviendo en hacinamientos, en covachas sin las mínimas condiciones de habitabilidad, negándoles el Estado, el derecho a la atención de sus necesidades básicas.

Según datos de “Reconstrucción y desarrollo de comunidades desplazadas” de PROMUDEH-PAR, se estima que entre 1980-92, 120 mil familiares ( 600.000 personas) tuvieron que desplazarse de los departamentos más pobres del país como Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurimac (85% del total de desplazados) hacia las ciudades de Ayacucho, Lima, Junín, Apurimac principalmente, lugares a donde llegaron más de las ¾ partes de los desplazados. De ellos el 70% lo constituyen la población campesina y nativa, el 20% procede de los sectores urbanos-marginales y el 10% restante corresponde a sectores urbanos de estrato medio.

Por otro lado en un artículo del “Que hacer” N° 75 de Enero-Febrero de 1992 dice que los desplazados más del 50% eran menores de edad, hoy son jóvenes y no tienen las condiciones para desenvolverse en el estudio y el trabajo.

2.- Posición del Estado peruano frente a los desplazados. El PAR (Plan de Apoyo al Repoblamiento).

El Estado peruano no ha dado ninguna solución al problema de los desplazados por la guerra interna, por el contrario el gobierno de Fujimori usó esta situación en función de sus planes de “pacificación” dentro de la línea y política genocida para presionar a la población, así vemos en el artículo de El Comercio del 28/11/93 “cientos vuelven a su terruño” dice: “apoyados por el ejército que les da seguridad”, “ahí se deben ajustar a nueva organización que parte desde la disciplina, a las 7 a.m., 1a lista, 6 p.m.  la segunda cuando regresan del campo” y “nadie sale de la comunidad  excepto los ronderos de turno en vigilancia”. Ósea el control de la población y recursos en especies de aldeas estratégicas y rondas campesinas. A lo que se suma la explotación indignante que IDL planteara en un número de su revista al señalar “que en estos lugares, como los hombres son obligados a vigilar son las mujeres que trabajan en la comunidad”. Estas formas organizativas han sido aplicadas a través del PAR (Programa de Apoyo al Repoblamiento) creado por el gobierno de Fujimori por el DS 073-93-PCM del 06/10/93 que de ninguna manera ha servido a dar condiciones para el desarrollo de estas zonas a las que regresan los pobladores sino para proseguir su opresión  y explotación.

Prueba de que el PAR  ha actuado al servicio de la dictadura genocida vendepatria de Fujimori para su  “pacificación” y planes reeleccionistas es que de 600.000 desplazados 300.000 han regresado (según se calcula en la revista domingo del 13/05/01 en el artículo “Desplazados por la violencia no todos vuelven”) la mayoría por sus propios medios pues de estos 300.000 sólo 29.000 fueron atendidos por el anterior gobierno y todos los que han regresado están con “un pie en su tierra natal y el otro en Lima porque buscan medios para sobrevivir” (como dice la señora Coral presidenta del PAR en el artículo de El Comercio de el 22/07/01).

Entonces queda claro que el Estado peruano no ha dado ningún apoyo real para hacer producir las tierras de quienes regresan y menos ha resuelto el problema de los desplazados; de viviendas, educación y salud.

3.- Solución política al problema de lo desplazados por la guerra interna.

Como parte de la solución política a los problemas derivados de la guerra interna está incluida la solución al problema de los desplazados. De ahí la necesidad que también estén representados en la Comisión de la Verdad y se esclarezca esta situación pues se ha generado una opinión publica por parte de los gobiernos de Belaúnde, García Pérez y Fujimori que los responsables de este problema son el mal llamado terrorismo, imputando a las organizaciones alzadas en armas y eximiendo al Estado peruano y las Fuerzas Armadas que lo sustenta de su ineludible responsabilidad y son ellos quienes deben resolverlo políticamente, dando las condiciones para solucionar las necesidades básicas tanto de las masas que voluntariamente desean regresar a sus lugares de origen como de aquellas que definan quedarse en la ciudad.

Deben resolver el problema de la tierra a quienes regresan al campo y se encuentren sin su propiedad; problema de vivienda, dando las mínimas condiciones de habitabilidad: agua, desagüe; problemas de salud, educación y trabajo. Hacer un  plan  especial de desarrollo para las zonas afectadas por la guerra interna, que beneficie principalmente al campesinado, a las masas pobres de las barriadas y a los trabajadores prestando atención principalmente a los inválidos, huérfanos y viudas de guerra.

SOBRE LOS EXPATRIADOS

Producto del conflicto interno hay peruanos que se han visto obligados a salir del país porque fueron amenazados, perseguidos y algunos hasta encarcelados, muchos de ellos tenían también familiares encarcelados, desaparecidos, asesinados,  torturados y por denunciar estos hechos no tuvieron ninguna garantía para su libertad y su vida afectados por el proceso de persecución indiscriminada que desenvolvieron las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.

Miles de expatriados se encuentran en diferentes lugares del mundo viviendo en difíciles condiciones, pues durante el gobierno de Fujimori, en el extranjero, a través de las inscripciones consulares y de los informes de los embajadores se ha llevado adelante fichaje político policial, se hostilizó  e imposibilitó  la obtención de documentos de residencia u otros para conseguir trabajo. Este sistema de persecución y hostigamiento prosigue hasta hoy, sin dar ningún apoyo de parte de los consulados.

Estos miles de expatriados se encuentran impedidos de retornar al país, algunos han obtenido el status de refugiados, otros residentes y muchos están en condiciones de ilegales por lo que su estadía es más difícil y precaria.

El 28 de julio en su asunción de mando el Presidente de la Republica Alejandro Toledo Manrique dijo respecto a los peruanos que salieron del país por mejoras económicas, que propondrá al Congreso la ley del retorno para crear condiciones y facilitar el retorno al país de 2’500.000 peruanos que hoy viven diseminados en el exterior. Aquí sólo se refiere a quienes migraron del país por mejoras económicas olvidándose de los miles de peruanos que se vieron obligados a salir por motivos de la guerra interna sometidos a persecuciones políticas, de ahí que esto se debe incluir y cesar la persecución y requisitoria de los expatriados.

El Estado debe resolver este problema, generar las condiciones para que puedan regresar al país si así lo desean, para lo cual debe cesar la persecución y garantizar su vida, a fin de que  puedan reincorporarse a su vida familiar, social y cotidiana en el Perú, cesar el fichaje político y levantar todas las requisitorias de quienes estén en el país así como de los que han tenido que salir. Así mismo deben ser escuchados y estar representados en la Comisión de la Verdad pues son parte de los problemas derivados de la guerra interna en el Perú.

Por todo lo expuesto respecto a este tema, la I CONVENCIÓN DE ORGANIZACIONES Y MASAS POR UNA AUTÉNTICA COMISIÓN DE LA VERDAD, ACUERDA:

Sobre desplazados

a)  Exigir que el gobierno dé apoyo integral a los desplazados durante el proceso de la guerra interna, a los departamentos de Ayacucho, Lima, Junín, Huancavelica, Apurímac y otros; ayudándoles a retornar  a los que así lo desean y también a los que voluntariamente se queden.

b)  Exigir al gobierno la estructuración de planes especiales de desarrollo para las zonas afectadas por el conflicto interno, como: planes sobre problemas de la tierra, planes de salud, planes de vivienda, planes de educación, planes de trabajo y otros.

c)  Demandar que los desplazados sean escuchados y tengan representación en la Comisión de la Verdad, porque los desplazados son parte de los problemas derivados de la guerra interna.

d)  Pedir que devuelvan las tierras a las personas desplazadas que retornen. Que se entregue tierras a las comunidades campesinas.

e)  Pedir que se derogue el Decreto Ley en donde se estipula que aquellos que no han hecho uso de sus tierras durante dos años pierden automáticamente su derecho a la propiedad de la “tierra abandonada”.

f)   Que el gobierno informe sobre la situación de los huérfanos de la guerra..Ubicarlos.

g)  Exigir al gobierno que informe sobre la situación de las políticas y planes aplicados por el Estado sobre repoblamientos, por ejemplo sobre el PAR.

Sobre expatriados

a)  Exigir al gobierno que dé las garantías pertinentes a los expatriados que desean regresar al país, cese de la persecución y fichaje político así como levantar todas las requisitorias, tanto de los expatriados como de los que se encuentren en el país, para que puedan incorporarse a su vida familiar, social y cotidiana en el Perú.

b)  Los expatriados que salieron del país por persecución política durante el proceso del conflicto interno, deben ser escuchados y representados en la Comisión de la Verdad.

c)    Pedir la derogatoria de toda la estructura legal de persecución, en particular el Decreto                Supremo que despoja de personalidad (jurídica o nacionalidad),a personas acusadas de realizar  “apología al terrorismo”,etc.en el extranjero.

IV.-      DETENIDOS.  ASESINATOS.  TORTURAS.

1).- DETENIDOS. PRISIONEROS POLITICOS Y PRISIONEROS DE GUERRA.

        En el proceso de la guerra interna desenvuelta en el país, el Estado peruano a través de los gobiernos de Belaúnde, García Pérez y Fujimori han aplicado una línea y política genocida desde Diciembre de 1982 poniendo en marcha su plan de utilizar masas contra masas siguiendo la vieja norma imperialista de contraponer nativos contra nativos, reclutó contingente entre licenciados y campesinos ligados al gamonalismo y abigeato; sobre esta base formó mesnadas que bajo mando militar y en acciones combinadas con las Fuerzas Policiales y Armadas que actuaban disfrazadas de campesinos desataron el terror blanco en el campo, asesinando a las masas campesinas tildándolas de “terroristas”, recurriendo al más negro, protervo y criminal genocidio de exterminio una de las más grandes infamias de la historia republicana del Perú, alcanzando características macabras de arrasar y desaparecer hasta pueblos enteros como en el campo donde aplicaron la política de robar todo, quemar todo y matar a todos, aplicaron tierra arrasada. Así en el año 83, en el Departamento de Ayacucho, en Espite, provincia de Cangallo, en junio, desde helicópteros ametrallaron a las masas y lanzaron granadas a al población que buscaba huir por los cerros. En el mes de Julio en Oqopeja y Uchuraqay pueblos de la Provincia de Huanta, también desde helicópteros las masas fueron ametralladas y aniquiladas con granadas; y en Paccha, pueblo de Vinchos, provincia de Huamanga, la mayoría fue asesinada y el resto de la población llevada a Lima. En esta negra ola de muerte el arrasamiento se extendió, un botón de muestra es el operativo de Incaraqay, que luego de robar todo, incendió 500 viviendas, así el exterminio llegó a desaparecer pueblos, el 15 de julio el ejército con apoyo de mesnadas aniquiló a toda la población de Quinuas y desapareció el pueblo totalmente, borrándolo del mapa. Y el 85 en Lima, en las invasiones de Garagay y Bocanegra, la policía a caballo arrasó sus viviendas de estera destruyendo y quemando todo. Desaparecieron a los pobladores y nunca más se supo de ellos.

            También están las fosas comunes halladas y que siguen apareciendo, como prueba de estas matanzas genocidas, muchas de las cuales fueron denunciadas en su momento, estrellándose contra el mutismo oficial pretendiendo encubrir los crímenes perpetrados por el Estado Peruano, y los gobiernos de Belaúnde, García Pérez y Fujimori; sin embargo el grueso de miles de desaparecidos yacen envueltos en las sombras de fosas aún desconocidas o cementerios clandestinos de los múltiples campos de concentración. Así lo que han aplicado fundamentalmente son las concepciones del imperialismo yanqui, la teoría establecida por este sobre guerra contrasubversiva para combatir las luchas revolucionarias, la subversión armada; por ello han lanzado sobre el pueblo sus Fuerzas Armadas y Policiales, atropellando los más elementales derechos universalmente reconocidos, han allanado y saqueado cuanto domicilio han querido, han perseguido, apresado y encarcelado, han incendiado, robado y asesinado impunemente a hijos del pueblo, han generalizado la tortura buscando quebrantar voluntades y arrancar falsas confesiones, han desarrollado la violación como medio infame, abyecto y vejatorio de someter y empañar el límpido espíritu de hijos del pueblo, han negado todo derecho y garantía a los presos montando en su contra una constante persecución, incluso tras las rejas de sus inmundas mazmorras y han extendido el hostigamiento, persecución y represión hasta sus familiares y abogados.

            Los detenidos producto de esta guerra interna, inicialmente eran recluidos en sus lugares de origen, pero en Abril del 82 el entonces Presidente de la República Fernando Belaúnde Terry dispuso el traslado de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra de todas las cárceles del país a la ciudad de Lima, concentrándolos en las prisiones del Callao (Santa Bárbara) y El Frontón y posteriormente en Lurigancho. Este traslado implicó: golpizas, asesinato, como en el caso del profesor Donato Méndez en la cárcel del Callao y dejando inválida a una prisionera; aislamiento de sus familiares y abogados, pérdidas de  todas sus pertenencias, paralización de sus procesos.

            El 10 de Marzo de 1981 el gobierno belaundista promulgó el Decreto Legislativo Nro. 046, verdadera ley terrorista que viola los más elementales principios del propio derecho penal burgués y establece desorbitadas sanciones. El denominado autónomo poder judicial puso en marcha su siniestro tinglado opresor de leyes, jueces, procesos y cárceles; utilizando pruebas fraguadas, torciendo leyes y vendiendo principios que dijo salvaguardar.

            Desde el 82 hasta el 85, el Estado Peruano aplicó su plan de aislamiento y aniquilamiento contra los prisioneros, hostigándolos, provocándolos, llegando hasta asesinatos aislados como en El Frontón, 4 prisioneros, 2 baleados y 2 envenedados (Angel Botonero, Pastor Chávez, Solórzano y otro), se les negaba el derecho de atención médica, el ingreso de alimentos que llevaban sus familiares era restringido y la paila que entregaba el INPE llegaba con vidrios y ratas. No ingresaba libros, periódicos ni revistas. Las requisas eran sinónimo de feroces golpizas.

            Cuando asume el poder Alan García Pérez prosigue la misma línea y política genocida en campo y ciudad, en los penales desde el inicio de su gobierno empezó a planificar su primer genocidio. Desconoció la primera Acta suscrita por los prisioneros con el gobierno de Belaúnde en fecha 13 de julio del 85, negó y desconoció todos los derechos fundamentales que les fueron reconocidos por el Estado, intensificó el hostigamiento, golpizas, usó a los presos comunes para provocar a los prisioneros políticos. El 4 de Octubre de 1985, en la propia capital de la República, en el penal de Lurigancho, 30 prisioneros de guerra son asesinados y 34 heridos de gravedad, se lanzó a los Llapan Atiq, cuerpo antisubversivo de la Guardia Republicana, contra el pabellón Británico utilizando dinamita para abrir boquetes para después lanzar dinamitazos dentro del pabellón, bombas lacrimógenas e incendiarias y luego asaltar, a unos los abalearon, a otros los quemaron vivos, remataron heridos para posteriormente quemar los cadáveres con bombas de fósforo para ocultar que habían sido asesinados por balas; apalearon brutalmente a los sobrevivientes para terminar incendiando el pabellón y borrar huellas de su monstruoso crimen. Los cadáveres no fueron entregados a sus familiares, 28 tumbas sin nombre en el cementerio Presbítero Maestro quedan para la historia como expresión del odio genocida de García Pérez contra los prisioneros de guerra. Después del genocidio del 4 de Octubre, el 31 de Octubre del mismo año, los prisioneros arrancaron la segunda Acta al gobierno aprista, tanto en la primera como en la segunda Acta se reconocía la condición de “presos especiales” y un conjunto de derechos reconocidos por la propia Constitución del Estado peruano y leyes internacionales.

            El gobierno aprista comenzó a planificar un nuevo genocidio, desenvolviendo provocaciones que implicaron incursiones de la Marina de Guerra en El Frontón, vuelos de reconocimiento sobre el mismo penal, provocación, hostigamiento y persecución contra los familiares y abogados de los prisioneros de guerra, las amenazas de muerte y las golpizas cuando se traía a los prisioneros a ser juzgados y además plantearon el traslado de los prisioneros de guerra al nuevo campo de concentración de Canto Grande, y la aprobación por el Parlamento del regreso de los prisioneros a las cárceles de sus lugares de origen, ley cuya promulgación proponía García Pérez. El 15 de enero de 1986 en el penal Miguel Castro Castro, los familiares desenvuelven su protesta contra el traslado pues implicaba genocidio, aquí son reprimidos por la Guardia Civil, cayendo muerto un familiar y 20 heridos.

           

            El 19 de Junio de 1986, luego de su grotesca farsa manipulando la llamada “Comisión de Paz” que la conformaban Max Hernández, César Rodriguez Rabanal y Cabieses, el gobierno aprista desencadenó el más protervo y negro operativo de exterminio, violando incluso elementales leyes de guerra consagradas universalmente como las de Ginebra, movilizando al Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y las Fuerzas Policiales bajo el Comando Conjunto consumó el más infame genocidio asesinando a 300 hijos del pueblo prisioneros de guerra de El Frontón, Lurigancho y El Callao que se habían rebelado en defensa de sus propias vidas, demandando 26 reivindicaciones muy justas y racionales, así el gobierno aprista se bañó una vez más en la ardorosa sangre popular. Los cadáveres de los prisioneros caídos en Lurigancho fueron regados en los cementerios desde Cañete hasta Barranca, de El Frontón, los pocos cuerpos o pedazos de ellos que aparecieron fueron dejados en los cementerios de San Bartolo y Pachacamac, de los desaparecidos nunca más se supo.

            Debemos buscar que la verdad se abra paso y que este genocidio aún impune hasta hoy, sea juzgado y sancionado; como bien sabemos la responsabilidad política principal es de Alan García Pérez, pues a más de desempeñarse como Presidente era Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, siendo él y su Consejo de Ministros quienes dispusieron la acción genocida hasta el exterminio y ejecutada fundamentalmente por las Fuerzas Armadas bajo dirección del Comando Conjunto que estaba integrado en ese entonces por el General Monzón Arrunátegui, Presidente del Comando Conjunto, del vicealmirante Nicolini y del General Abraha Cavallerino; además con el apoyo complementario de las Fuerzas Policiales.

            Cuando el 90 asume el gobierno Alberto Fujimori Fujimori prosigue aplicando la misma línea y política genocida, dentro de ello da en noviembre de 1991 23 decretos leyes ligados a la pacificación y para aplicarlos dio el golpe del 5 de Abril de 1992, barrió y demolió toda la estructura legal del Estado cuya base es el derecho demoliberal burgués. El gobierno desenvolvió una campaña negra contra los prisioneros políticos y prisioneros de guerra imputándoles que tenían armas, que habían hecho túneles y preparaban una fuga; es dentro de este marco que se dio el genocidio del 6, 7 8 y 9 de Mayo del 92 contra los prisioneros políticos y prisioneros de guerra del penal Castro Castro asesinando selectivamente a 50, genocidio de lesa humanidad del que tienen que responder Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos. Los sobrevivientes fueron trasladados a diferentes penales del país desde Cachiche en Ica hasta Yanamayo en Puno para aplicar su plan de reducción, aislamiento y aniquilamiento.

            El 05 de Mayo de 1992 el gobierno expidió su anticonstitucional D.L. Nro. 25475, estableciendo la cadena perpetua como pena, los jueces y tribunales sin rostro, barriendo así todas las garantías judiciales; le siguió el D.L. Nro. 25499 llamada Ley de Arrepentimiento, luego viene el inconstitucional D.L. Nro. 25659 expedido el 13 de Agosto de 1992 que crea el llamado delito de “Traición a la Patria” y establece la competencia del fuero militar para los civiles; el D.L. Nro. 25706 que establece el procedimiento sumario para los juicios de Traición a la Patria en el teatro de operaciones, entre otras aberraciones jurídicas; el D.L. Nro. 25728 que establece el juzgamiento y condena en ausencia; el D.L.Nro. 25744 que establece la detención policial de los presuntos implicados por término indefinido, la negación del derecho de defensa, el abogado defensor no puede patrocinar a más de un encausado; el D.L. Nro. 25880 por el que comprenden en el delito de “Traición a la Patria” a los docentes que “influyan en sus alumnos haciendo apología de ese delito”,  el D.L. Nro. 25916 que reitera prohibición de los beneficios penitenciarios. Y dentro de todas estas normas violatorias de todos los derechos fundamentales reconocidos universalmente, se da la Resolución Suprema Nro. 114-92-JUS del 13-08-92 que aprueba el Reglamento del Régimen de visita a los internos por delito de terrorismo, reduciendo la visita a una vez por mes. En junio del 92 expidieron el D.L. Nro. 25564 por la que modificó el inciso segundo del artículo segundo del Código Penal. Este artículo establecía que el menor de 18 años está excento de responsabilidad penal; con el D.L. que lo modifica establece que el menor de 15 a 18 años tiene la misma responsabilidad que los mayores al determinar que se juzgaría con el D.L. Nro. 25475 llamada Ley Antiterrorista, así conculcó los derechos de los menores frente a la responsabilidad penal reconocidos universalmente; por este decreto ley muchos niños fueron recluídos en cárceles de máxima seguridad como el penal de Yanamayo.

            Así con estas leyes demolieron el sistema jurídico para perseguir, detener, encarcelar y condenar a los detenidos mientras la dictadura genocida vendepatria de Fujimori y Montesinos vendían al martillo todas las empresas públicas, saqueaban el país sumiendo al pueblo en la miseria, en el hambre y la desesperación.

            La situación de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra en las cárceles del país a partir del 92 se agravó más, se les ha impuesto penas crueles e inhumanas como la de internamiento indefinido no menor de 25 años y cadena perpetua. Se han anulado procesos desde 1980 que habían pasado a la condición de cosa juzgada para imponer penas más altas lo cual es totalmente ilegal. Las condiciones de carcelería a que fueron sometidos eran violatorios de los más elementales derechos de la persona humana reconocidos por la Constitución Política del Estado, legislación y Tratados Internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, Declaración de los Derechos Humanos así como de las normas mínimas aplicables a los conflictos internos establecidos en el artículo 3ro. Común a los Convenios de Ginebra, estas condiciones a las que los sometían eran parte de su plan de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático y sofisticado que aplican contra los prisioneros políticos y prisioneros de guerra; más aún el aislamiento absoluto y perpetuo es la negación de los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la salud, el trabajo, la educación, información, apunta a reducirlos a la condición de subhumanos y a destruir su esencia social de hombre, de seres humanos.

            Sometidos a 23 y media horas de encierro en celdas bipersonales de 2 x  2.50m, en este espacio además de las tarimas de cemento que se usa como cama, estaba la letrina y un lavadero también de cemento, en este ambiente habitaban de 2 hasta 5 personas que tenían que desenvolver todas sus actividades: dormir, aseo, alimentación, necesidades fisiológicas, estudio y trabajo, condicionándolos a una situación de inmovilidad que ha repercutido negativamente en la salud tanto biológica como psicológica. Se les ha negado el derecho a la atención médica, sobre todo la especializada, no se les da medicinas, tras pretexto de “seguridad” dispusieron que ningún interno sea evacuado a un centro hospitalario, agudizándose así sus problemas de salud, poniéndose en riesgo su integridad física y hasta la propia vida como en los casos de Manuel Paredes Laurente y Edwin Melitón Cárdenas quienes murieron por falta de atención médica los años 91 y 95 respectivamente.

            La alimentación en los penales es deficiente en calidad, cantidad y preparación, no cumple con el mínimo de kilocalorías establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud del país se recibe prácticamente una ración de comida al día pese a esto se restringe el ingreso de víveres y alimentos que llevan los familiares de los prisioneros.

            Se trasladó a los prisioneros de sus lugares de origen a diferentes penales del país para aislarlos de sus familiares y de la opinión pública, este aislamiento de la visita trasgrede el Código de Ejecución Penal que en su artículo 37 dice: “El interno puede comunicarse periódicamente en forma oral y escrita con amigos, representantes diplomáticos y organismos e instituciones de asistencia penitenciaria salvo la incomunicación declarada por la autoridad judicial.....” Se les llegó a dar sólo media hora de visita mensual por locutorio, entre fierros y mallas, limitándose sólo para familiares directos, lo que es una forma de aislamiento ya que hay prisioneros que no tienen familiares directos. A más del hostigamiento y revisiones humillantes y vejatorias a que se sometía a los familiares para amedrentarlos, reprimirlos y detenerlos por el simple hecho de ser familiares de prisioneros políticos y prisioneros de guerra.

            Se les negó el derecho al trabajo en forma absoluta como parte del plan de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático al que han sido sometidos. Consideramos que el trabajo es un derecho de toda persona humana pues sirve a su desarrollo como ser pensante y operante.

            Educación, cultura e información son derechos garantizados por la Constitución Política del Perú y el Código de Ejecución Penal, sin embargo en los penales se ha impedido arbitrariamente el acceso a los medios de información y la libertad de pensamiento, expresión y difusión del pensamiento. El Código de Ejecución Penal obliga a las autoridades penitenciarias a promover la educación de los internos en todos los niveles, su formación profesional o capacitación ocupacional lo que no se cumple y hasta se impide. Por otro lado en abierta violación del derecho constitucional del secreto y la inviolabilidad de la correspondencia, las autoridades del penal se permiten revisarlas, tachar palabras y en muchos casos impedir su salida, así como el ingreso de cartas que les traen sus familiares. Así mismo, se atenta contra la libertar de creación intelectual, artística, técnica y científica, impidiendo el ingreso de determinados libros calificándolos de “prohibidos”, como en los tiempos del tribunal de la Santa Inquisición.

            El sistema de encierro y aislamiento más riguroso y severo lo han aplicado en la Base Naval del Callao, por casi ocho años consecutivos. Allí las condiciones carcelarias eran inhumanas, ignominiosas, crueles y degradantes de la condición humana. Los prisioneros (Dr. Abimael Guzmán Reinoso y la profesora Elena Iparraguirre Revoredo, y otros) fueron sometidos a 23 y media horas de encierro, en una celda oscura, fría, pequeña de 2 x 2m, con una pequeñísima abertura en el techo. Eran obligados a guardar silencio todo el día, no podían conversar de una celda a otra entre prisioneros buscando reducirlos a la condición de subhumanos, negando su condición de ser social. Las restricciones a las que sometían a los prisioneros llegaba al punto que ni siquiera podían ellos mismos abrir el caño de agua cuando lo requerían, sus necesidades más elementales estaban supeditadas al régimen establecido en la Base Naval. Si bien las condiciones de carcelería se han venido flexibilizando, es ilegal y anticonstitucional que civiles se encuentren recluidos en una base militar por lo que se exige y demanda el cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao y el traslado inmediato de los prisioneros que ahí se encuentran, a un penal civil bajo administración del INPE.

            En conclusión lo que se a aplicado contra los prisioneros políticos y prisioneros de guerra, de conformidad al artículo 319 inciso 3ro. Del Código Penal peruano constituye una modalidad de genocidio porque busca el exterminio sistemático de las personas comprendidas en los llamados delitos de “Terrorismo y Traición a la Patria”.

            La situación de los prisioneros ha mejorado por la lucha política que vienen desenvolviendo, pero aún subsisten en algunos penales estas condiciones ignominiosas, lo que exige y demanda la flexibilización absoluta del régimen carcelario para todos los prisioneros políticos y prisioneros de guerra de todo el país sin excepción alguna expresándose en el cese de la política y régimen carcelario de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático y sofisticado y respeto de los derechos fundamentales universalmente reconocidos.

            2).-  ASESINATOS.  EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.

            Las ejecuciones extrajudiciales atentan contra el derecho a la vida reconocido no sólo por la Constitución del Estado Peruano sino también por la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 3 dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, así como el artículo 6 to. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala  “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En la Constitución del 79 no existía la pena de muerte sino solamente en caso de traición a la patria en guerra externa. En la Constitución del 93 establece la pena de muerte en caso de guerra y delito de terrorismo y si no lo aplicaron judicialmente fue porque estuvieron impedidos de hacerlo pues previamente tenían que “renunciar”a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 4to. Inciso 3ro. Lo prescribe y dice: “No se restablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido”., en conclusión estaban impedidos de aplicarla judicialmente; pero la realidad es que el Estado peruano no necesitó de un proceso legal porque extrajudicialmente aplicó la pena de muerte usando diversas formas a través de las fuerzas armadas, fuerzas policiales y complementarias, comités de autodefensa o rondas campesinas.

            Que quede claro que los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales no son acciones individuales como pretende justificar el D.S. Nro. 065-2001-PCM donde se crea la Comisión de la Verdad que dice “.....algunos agentes del Estado”, sino es parte de la política aplicada por el Estado peruano en su guerra contrasubversiva por los gobiernos de Belaúnde, García Pérez y Fujimori, como la misma Defensoría del Pueblo no puede dejar de reconocer en su informe  “Desapariciones forzadas de personas en el Perú” del año 2000 señala  “...el hecho violatorio al que nos referimos no se entiende como el acto de un particular, sino como resultado de una orden superior enmarcado dentro de una política gubernamental que permite al ejecutor actuar con gran impunidad y sin temor de ser castigado".

            Durante el gobierno de Belaúnde empezaron los asesinatos extrajudiciales y matanzas masivas, aparecieron cadáveres regados a pocos kilómetros de la ciudad de Ayacucho, familiares tenían que recoger lo que perros y alimañas dejaban de sus seres queridos, muchos de estos cadáveres eran ciudadanos que fueron detenidos por las Fuerzas Armadas y Policiales, en batidas públicas donde todo sospechoso de “senderista” era ajusticiado sumariamente luego de ser brutalmente torturado.

            En 1982 el asesinato de tres detenidos heridos que se encontraban hospitalizados en el Hospital Regional de Ayacucho, el 2 de Marzo luego de la fuga del CRAS de Ayacucho, así como pretendieron ultimar a otros dos a quienes  otros enfermos y trabajadores del nosocomio salvaron arrancándolos de las garras de los esbirros. Los 5 que se encontraban convaleciendo en ese hospital bajo custodia policial, crimen ejecutado por el capitán Rosemberg contra Jimmy Wensjoe, Carlos Alcántara y Amílcar Urbay.

            El 18 de Agosto de 1983 encuentran en Cocahuichun en la vía Libertadores, 17 cadáveres de niños y adolescentes torturados. Este año es detenido un médico, lo llevaron al pueblo de Umaru, Cangallo. Lo ataron en la Plaza de Armas y le atravesaron el corazón con una bayoneta y su cabeza la colocaron en una estaca.

            Este mismo año el ejército ingresó violentamente a una vivienda de Quinuapata, Ayacucho y asesinó a una menor de 16 años, estudiante de secundaria en presencia de sus hermanos menores de 7 y 9 años, secuestraron el cadáver y ante reiteradas denuncias recién lo devolvieron a la familia.

            En Ayacucho el año 84 Mercedes Malpica con 5 personas más fueron detenidos vivos, 15 minutos antes que termine el toque de queda, por los hombres del general de Brigada Clemente Noel, trasladados al Cuartel Los Cabitos de Ayacucho sometidos a crueles torturas hasta matarlos, después de varias horas aparecen sus cadáveres en diversas partes de Ayacucho, para amedrentar a la población. Alberto Loc Eckselshom, esposo de Mercedes Malpica fue a buscarla al cuartel, hay testigos que lo vieron entrar, nunca más salió.

            En Chuschi, Ayacucho, año 84, a un campesino le ataron dinamita en el cuerpo y lo volaron mientras gritaban “así mueren los terrucos”.

            En Ramillapata, el mismo año, fusilan a dos niños de 9 y 11 años de edad junto con sus padres. En Mayopampa a un campesino lo detienen, incendian su casa y lo tiran a la casa ardiendo.

            En Cangallo, Víctor Fajardo, también este año mataron a campesinos, les sacaron la cabeza, las que colocaban sobre palos que el ejército paseaba por todas las comunidades para escarmentar y generar temor en los campesinos, también hacían cavar sus propias tumbas a los detenidos luego los aventaban y enterraban vivos.

            El 28 de Julio de 1985 asumió el poder Alan García Pérez quien en su verborrea demagógica dijo: “respeto a los derechos humanos”,  “no responder a la barbarie con la barbarie”,  “Combatir con la ley en la mano”, pero los hechos demostraron su esencia genocida, de ahí que el 2 de Agosto comienza un operativo que arrasó pueblos en Huambalpa, Carhuanca, Pujas, Vilcashuaman, Vischongo y Cangallo. El 10 de Agosto arrasan Huamanmarca. El 14 de Agosto, una patrulla del ejército ingresó a Accomarca, sacó a viva fuerza a los pobladores, los torturaron, mataron, las mujeres fueron violadas. En un cuarto metieron a mujeres y niños, ametrallaron la casa y arrojaron granadas al interior e incendiaron la casa. 39 adultos y 23 niños fueron asesinados y 3 campesinos desaparecidos. El responsable de este hecho genocida Telmo Hurtado, en ese entonces sub-teniente en lugar de ser sancionado lo premiaron ascendiéndolo años después hasta el grado de Mayor y siguió operando en la selva.

            El 25 de Setiembre fueron arrasados los pueblos de Umaru, Incaracay, Pautin, Tankiwa, Cochapata, Mayopampa, Manallasaq y otros asesinatos en masa en diferentes lugares del país.

            El 28 de Julio de 1988 mientras Alan García daba su mensaje presidencial era asesinado el Doctor Manuel Febres Flores a manos del grupo Rodrigo Franco por orden del mismo García Pérez, en este crimen intervino Juan Pampa Quilla miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército que no sólo fue miembro del grupo Rodrigo Franco sino también en la década del 90 integró el grupo Colina, este elemento se hizo pasar como abogado democrático. Este hecho no era aislado, el 84 desaparecieron al Doctor Yangali de los Ríos en Ayacucho; el 86 al Doctor José Vásquez Huayca y el 92 al Doctor Wilfredo Terrones Silva, esta persecución y asesinato contra los abogados democráticos buscaba amedrentar para impedir y negar el derecho a la defensa legal de los presos políticos.

            El grupo Rodrigo Franco, ejecutó decenas de asesinatos como el del estudiante iqueño Luis Alberto Morán muerto tras ser absuelto en un juicio por “terrorismo”, José Abel Malpartida y Luis Alberto Alvarez, asesinados con explosivos.

            En este mismo gobierno detuvieron a un grupo de sikuris y a otras personas en diferentes lugares de la capital, que luego aparecieron muertas cerca de la fábrica RENASA acusándolos de haber dinamitado dicha fábrica y que murieron en un supuesto “enfrentamiento” con las fuerzas del orden lo cual era falso, los implicaron en ese hecho para justificar su asesinato.

            El año 87 detienen a una joven en estado de gestación, por las inmediaciones del Fuerte Rímac, la involucran en los hechos del restaurante “El Piano”, el ejército la introduce a dicho cuartel donde la asesinan a punta de bayoneta, apareciendo su cadáver en la morgue donde fue reconocida por sus familiares.

            El gobierno de Fujimori que se inició el año 90 violó sistemáticamente su Constitución, normas y leyes; prosiguiendo y desarrollando su política genocida, dijo actuar dentro de marcos “legítimos” cuando lo que hacía arrasar sus principios demoburgueses, pero se escondía en la formalidad legal y la apariencia democrática.

            Fujimori fomentó la impunidad, no ha denunciado a los autores ni expresado su condena o pedido de sanción frente a los crímenes salvajes cometidos por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, pues los genocidios se hicieron por mandato del mismo Fujimori, ordenó al Parlamento para que no apruebe la acusación de genocidio contra su antecesor García Pérez, así se permitió que el genocidio de los penales del año 86 quede en la impunidad. Ocultó documentos del ejército que el periodista Hildebrandt presentó a la televisión acerca de cómo las Fuerzas Armadas planteaban:  “el mejor terrorista es el muerto”,  “exterminio a familiares y amigos”,  “Ejecutar sin dejar huella”.

            Se intensificó las acciones de las fuerzas complementarias como el grupo Colina y el denominado grupo antiterrorista operativo (GATO) que actuaba en el centro, así como otros grupos que operaban a nivel nacional, en campo y ciudad. Los asesinatos que ejecutó el grupo Colina son: el crimen de Barrios Altos en noviembre de 1991, la matanza de 9 estudiantes y un docente de La Cantuta, y de 9 campesinos en el distrito del Santa, Chimbote, en mayo de 1992, de Pedro Yauri periodista de Radio Universal de Huacho en junio del 92. Entre 1990 y 1992 habrían ejecutado a más de 60 personas, de lo que se conoce.

            El ensañamiento y ferocidad con que asesinaban las Fuerzas Armadas era tal que llegaron a torturar y fusilar a niños por el simple presumir que eran hijos de  “senderistas”, esto consta en las declaraciones que hizo a la prensa el mismo Telmo Hurtado, ejecutor del genocidio de Accomarca cuando le preguntan porqué había matado niños, responde que  “a estos niños de 7 y 8 años los adoctrinaban, iban a crecer e iban a ser terroristas”.

            En Huanta detuvieron a una muchacha que estaba embarazada, después de torturarla la ataron con una soga al carro y la arrastraron por toda la carretera para que se despedace ella y el bebé que llevaba en su vientre; lo mismo hacían en otros lugares como en Huánuco.

            En Cangallo detuvieron a un campesino lo amarraron a un palo y lo quemaron vivo.

            Entre Agosto y Octubre del 90 encontraron en Ayacucho 3 fosas comunes, difundieron que se trataba de “cementerio senderista”; los diarios dijeron que eran cadáveres pre -incas, de estos genocidios tiene responsabilidad el Jefe Político militar del Frente Nro. 5 de Huamanga, Fernández Dávila Carnero. En Mamaru, Apurímac violaron a todas las niñas del colegio y a campesinas pobres, muriendo 10 colegialas a consecuencia de las violaciones.

            Asesinatos masivos en el departamento de Ayacucho, Accocro, Quinua, provincia de Huamanga y otras de Huanta. En el departamento de Huancavelica, en Santa Bárbara, mataron 14 campesinos cuyos cadáveres estaban con huellas de torturas y violaciones.

            En cuanto a las rondas campesinas la política de Fujimori fue armar y entrenar ronderos. Las Fuerzas Armadas les proveían el armamento requerido, esto se impulsa más a partir del 92, entregaron el primer lote a comunidades de la sierra central en Alto y Bajo Tulumayo, organizados en rondas. Los ronderos de Andamarca-Junín, previa decapitación entregan 14 cabezas de “senderistas” al Jefe Militar del Frente Mantaro. Ronderos de Apurímac desatan redadas en Yanachoqecc por el distrito de Julcamarca, las rondas organizadas por Huayhuaco desatan matanzas. La comunidad ashaninka también fue organizada en rondas. Son varias las denuncias que existen ante la Fiscalía de Ayacucho contra los ronderos por las atrocidades cometidas.

            En San Gabriel al sur de Lima asesinaron a 7 jóvenes, ametrallándolos desde helicópteros.

            El 23 de Abril de 1994 aplicaron el Operativo Aries, con helicópteros artillados bombardearon el Huallaga y Ayacucho, efectivos del ejército en diferentes pueblos haciendo genocidio. Como resultado de este operativo detuvieron a 500 personas a quienes chantajearon y presionaron para que sus familias a quienes suponían  “senderistas” se entreguen.

            En conclusión en el gobierno de Belaúnde hubieron 8103 muertos, en el gobierno de Alan García Pérez, 9660 muertos y durante la gestión fujimorista de julio 90 a setiembre 91 hubieron 3761, el total de asesinados en sus 5 años de gobierno se desconoce, pero en estos veinte años de guerra se habla de 25,000 muertos.

            Se debe tener en cuenta el informe de la Defensoría del Pueblo que dice que existen 514 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados y documentados, este total de casos no constituye el total de ejecuciones en el país. El Estado a través de sus agentes o de grupos civiles que actuaban bajo su consentimiento es el responsable de la ejecución sin juicio previo de por lo menos 514 personas. El gobierno de Belaúnde Terry es el responsable del 14.9% de las ejecuciones extrajudiciales, el de Alan García Pérez del 39% y el de Alberto Fujimori del 46.1%. También se concluye en este informe que el 51.1% de los casos tienen como agente responsable al Ejército, y en segundo lugar a los grupos civiles de autodefensa, actuando solo o con apoyo de las Fuerzas Armadas, siendo responsable del 14.3% de los casos.

            Debe considerarse que los datos que presente la Defensoría no son el total de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en estos 20 años de guerra interna en el país pues muchos casos no han sido denunciados por temor a represalias como en el caso de Uchuraccay, Cayara y otros donde asesinaron y desaparecieron a los testigos y denunciantes. En otros casos el propio Ministerio Público se negó a recibir las denuncias como consta en el informe de Defensoría.

                3.-   TORTURAS.

            Como resultado de la guerra interna desenvuelta en el Perú desde Mayo de 1980 se iniciaron las detenciones y con ellas las torturas y violaciones, las que en la mayoría de los casos terminaban en cobardes asesinatos y desapariciones para ocultar sus crímenes y crueldad con la que trataban a los detenidos y como parte de la violencia política que aplicaba el Estado para “castigar a los levantados en armas”, así como también la usaban para que los detenidos se autoinculparan y dieran supuestas informaciones y así justificar las atrocidades cometidas.

            La tortura es un delito de lesa humanidad, ya desde la Constitución del 79 se establecía que carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia y quien la emplea incurre en responsabilidad, comete un delito de lesa humanidad. La actual Constitución Política del Perú que data de 1993, en su parágrafo 4 del inciso 24 del Artículo 2do. Establece que nadie debe ser víctima de la violencia moral, física o síquica, ni sometido a torturas o a tratos inhumanos o humillantes; y en el Código Penal del Perú es considerado delito de lesa humanidad. Por tanto las torturas aplicadas en el Perú van contra la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas suscrita por el Estado Peruano.

            En el campo, los cuarteles se convirtieron en campos de concentración, grandes centros de tortura masiva y siniestra controladas por el Ejército como el cuartel  Los Cabitos de la ciudad de Ayacucho en Totos (Cangallo), Qoisa y Pichari en La Mar así como también en Huanta a cargo de la Marina. En la ciudad eran las Comisarías, las oficinas de la DINCOTE y ultimamente las instalaciones del SIN y los sótanos del Pentagonito.

            Las torturas aplicadas son múltiples y variadas en crueldad, citamos algunas: Al ser detenidos eran arrastrados de los cabellos, golpeados todos por igual sin reparo de condición de mujer, ancianos, enfermos o niños, pateados y golpeados con la culata del arma hasta perder el conocimiento, golpes en la cabeza, pulmones, riñones provocando serias secuelas traumáticas y hasta dejándolos inválidos. Sacaban las uñas una por una, tanto del pie como de la mano, introducían sus cuerpos desnudos en cilindros de agua sucia, colgaban de los brazos a una persona por varias horas, hasta descoyuntarle las articulaciones del hombro.

            Disparos con arma de fuego cerca de la cabeza, haciendo el juego de la ruleta rusa sobre la sien del detenido. Cortes con armas blancas en el rostro y otras partes del cuerpo. Lanzar a las personas torturadas por un barranco. Obligar a comer media bolsa de sal. Obligar a escuchar los gritos de las torturas inflingidas a un pariente, amarrar a las personas a un poste por varios días. Encerrar a la persona dentro de un cajón o hueco bajo tierra por varios días. A las mujeres embarazadas que detenían, las golpeaban en el vientre. Detenían a otros familiares como forma de presión y chantaje para que se entreguen las personas a quienes perseguían.

            En algunos casos, por el camino le iban cercenando los dedos de las manos, de los pies, el brazo, las orejas, les cortaban la lengua, le sacaban los ojos y al final lo decapitaban y dejaban la cabeza incrustada en estacas, o los ahogaban hundiéndolos en el agua.

            Otra forma era trasladar a los detenidos colgados del helicóptero por una soga. En otros casos les cortaban las orejas con bayoneta, los subían al helicóptero y los lanzaban de grandes alturas a la población.

            En la DINCOTE utilizaban los siguientes métodos: la colgada, la tina que consistía en ahogar al detenido en tinas, bidones, pozos, waters, en agua sucia, con detergente o excremento. La picana eléctrica, aplicaban descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo como órganos genitales, pecho, senos, plantas de los pies y manos. Los quemaban con cigarro o con velas.

            Violaciones de los detenidos varones y mujeres, a veces reiteradas violaciones, dejando a las mujeres muchas veces embarazadas. También les introducían objetos como fierros, palos, el cañón de sus armas por el ano, generándoles hemorragias.

            Prácticas vejatorias y humillantes en su condición de mujer.

            Las torturas inflingidas no sólo eran físicas, sino llevaban implícitas daño psicológico y traumas posteriores. Se apuntaba a golpear la moral, humillar y vejar la dignidad y condición de ser humano.

            Aquí es importante tener en cuenta la conclusión a la que ha llegado la Defensoría del Pueblo con respecto a las torturas:  “La tortura, habría sido la práctica utilizada por las fuerzas del orden que formó parte de la política antisubversiva implementada”.

ACUERDOS:

            1.- Luchar para que se establezca la responsabilidad política de las torturas, violaciones, asesinatos, genocidios, desenvueltos en estos veinte años de guerra interna, que sean sancionados y no queden impunes.

            2.- Exigir que la Comisión de la Verdad sea integrada también por representantes de los familiares de detenidos, torturados, asesinados, y representantes de los alzados en armas, para que se conozcan los hechos tal como han sucedido y esto lleve a una verdadera Amnistía General que sirva a una reconciliación nacional.

           

            3.- Pedir que la Comisión de la Verdad reciba el testimonio de los prisioneros políticos y de todos los familiares de los detenidos, torturados, desaparecidos, asesinados, perseguidos, para que se conozca la verdad de los hechos.

            4.- Exigir al Estado Peruano cese las torturas, detenciones, persecuciones, asesinatos y matanzas contra el pueblo peruano.

            5.- Que se deroguen todas las leyes anticonstitucionales como la que estableció la Cadena Perpetua, la que creó Tribunales militares y jueces sin rostro, la que creó el llamado delito de  “Traición a la Patria”, la que prohibe los beneficios penitenciarios, la ley de arrepentimiento, la que niega el derecho a la defensa, etc.  El cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao, Yanamayo y Challapalca.

           

            6.-Pedir que se revele la identidad,se establezca  la responsabilidad y se sancione a los que formaron parte de los tribunales militares y jueces sin rostro,por haber prevaricado.

             7.-Exigir que se investigue a los grupos paramilitares como: Rodrigo Franco, Colina, etc.

             8.-Exigir como una cuestión concreta la inmediata derogatoria de la Ley de “Apología al terrorismo”.Nulidad de procesos seguidos por Tribunales Militares y jueces sin rostro. Retorno de los prisioneros a sus lugares de orígen.

          

             9.-Pedir que se dé una Verdadera Amnistía General que sirva a una futura reconciliación nacional.

             10.-Apoyar la demanda de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra.

V.-    CONCLUSIONES, ACUERDOS Y TAREAS.

               1.- Las conclusiones y los acuerdos son los planteados en cada uno de los cuatro temas tratados en el evento.

               2.- Se eligió a la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de Organizaciones y Masas por una Auténtica Comisión de la Verdad, fueron elegidos los siguientes:

Presidente: Fanny Palomino.

Vice-Presidente:Adelinda Sedelmayer.

Secretaría de Organización:Julia Peña.

Secretaría de Economía:Marcelino Tineo.

Secretaría de Actas:Carlos Rios.

Secretaría de Prensa y Propaganda: Enrique  Acedo.

Vocal : Bertha Rojas.

Vocal : Lourdes Lazo.

                3.- Se encargó a la Coordinadora elaborar un pliego petitorio para presentar al Presidente de la República.

                4.- Se acordó realizar una Conferencia de Prensa, para dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional  las conclusiones, acuerdos y nuestras demandas.

                 5.- Se encargó a la Coordinadora elaborar la plataforma de lucha, asi como la planificación y ejecución  de las tareas a cumplir.

RELACION DE ORGANIZACIONES PRESENTES EN LA I CONVENCION

Sindicato de Trabajadores Municipales de Comas

Instituto Prensa y Sociedad

Organización de Desplazados Lima CONDECOREP

Comunidad Cristiana – Ministerio Casa del Banquete

Federación de Instituciones Regionalista Cangallo – Pdte. de  la Federación.

Alianza Humanista Juvenil

Consejo de Gobierno y Desarrollo Zonal – Comas

Asociación Unica de Docentes de la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos.

Asociación de  Mujeres – Humamarca .- San Juan de Miraflores

Asociación Americana de Juristas – Rama del Perú

Sindicato de Trabajadores de Registros Públicos

Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú

Asociación de Productores Mineros- APROMIN.

Movimiento Democracia para el Perú – Plaza San Martín

Trabajadores de la Universidad Nacional del Callao

Asociación de Familiares de Presos Políticos y Desaparecidos de Piura

Asociación de Familiares de Presos Políticos de Chiclayo

Asociación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos y Desaparecidos del Sur del País.

Comisión de Familiares de Prisioneras Políticas de Chorrillos

Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Yanamayo

Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Canto Grande

Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Cachiche

Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Yanamilla – Ayacucho

Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Huamancaca – Huancayo

Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Huacariz – Cajamarca

Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de El Milagro – Trujillo

Comisión de Familiares de Prisioneras Políticas de Aucallama – Huaral.

Sra. Raida Condor – Familiar  del caso de  la Cantuta

Un  miembro de la Asociación Nacional de Desaparecidos – Huamanga. Vino a título personal.

Otros invitados como Ricardo Letts, Walter Humala y gran cantidad de masas.