El gobierno de Baja California es un gobierno fascista que violó la tregua al encarcelar al compañero Julio Sandoval Cruz
El 11 de diciembre del 2001, alrededor de las veintitrés horas, en un operativo de aproximadamente setenta elementos de la Policía Ministerial del estado de Baja California, al mando del denominado Agente Márquez M-5, con lujo de violencia fue detenido el compañero Julio Sandoval Cruz, indígena triqui, oaxaqueño radicado en Baja California, dirigente del Movimiento Indígena por la Unificación y Lucha Independiente (MIULI) y miembro del ComitéCentral del Frente Popular Revolucionario (FPR).
Desde la mañana de ese día, elementos de la Policía Ministerial del estado en coordinación con elementos de Policía Municipal de Ensenada, BC, emprendieron un operativo para dar con la ubicación del compañero Julio Sandoval Cruz y poderlo capturar. La coordinación de estos dos cuerpos policíacos, se concentró alrededor del domicilio particular de nuestro compañero Julio Sandoval Cruz, haciendo rondines, tomando fotografías y videos y estableciendo las rutas de acceso y de salida y aproximadamente a las once de la noche de este día, de manera intempestiva con golpes tiraron la puerta de entrada del domicilio particular del compañero Julio Sandoval Cruz y con medidas de fuerza lo sacaron de su casa y lo subieron violéntamente a una camioneta de la Policía Ministerial de Baja California.
Estos hechos los denunciamos públicamente, como hechos que dan cuenta de que el gobierno del estado de Baja California encabezado por Eugenio Elorduy Walter es un gobierno fascista y represor, que a pesar de haber firmado un compromiso de tregua social con las organizaciones indígenas y populares de Baja California, estárecurriendo al expediente de criminalizar la protesta social, poniendo tras las rejas a los dirigentes populares que luchan por mejores condiciones de vida, de trabajo y de estudio en beneficio de los indígenas, los trabajadores y el pueblo de Baja California.
Es cuestionable esta política fascista y represiva, puesto que su mismo equipo de gobierno, el día primero de noviembre, fecha en que asumió su mandato constitucional, firmó compromisos de búsqueda de solución a los problemas de las organizaciones indígenas y populares como el Movimiento por la Unificación y Lucha Independiente, (MIULI), Manos Unidas AC, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Coordinadora de Comités con Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas en el Valle de San Quintín y el Comité Zapatista Tierra y Libertad, estableciéndose entre otros compromisos, el de darle paso a una tregua social, que nos permitiera encontrar caminos de solución a los problemas planteados; así como la libertad de la compañera Beatriz Chávez Pérez y el desistimiento de la acción penal en contra de los compañeros Julio Sandoval Cruz, Esther Murillo Núñez, Abraham Martínez de Jesús y Esther Cásarez, entre otros puntos comprometidos.
Con estas acciones anti-populares y represivas, el gobierno de Eugenio Elorduy Walter rompe con la tregua social pactada y demuestra que quiere gobernar con la ley del garrote, a favor de los caciques y los ricos; pone en riesgo las mesas de trabajo que se han establecido entre el Frente Popular Revolucionario y el Gobierno de la República y nos obliga a darle una respuesta contundente a esta provocación del gobierno fascista de Eugenio Elorduy Walter.
Llamamos a todas las organizaciones democrático-revolucionarias, populares, al pueblo en general y a todas las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos a brindar toda la solidaridad necesaria a nuestros compañeros del MIULI y a luchar por la libertad inmediata, irrestricta e incondicional de los compañeros Julio Sandoval Cruz y Beatriz Chávez Pérez.
Antecedentes del acuerdo que violó el gobierno de Baja California.
El primero de noviembre del 2001, se reunieron en la explanada de los tres poderes de gobierno y las organizaciones sociales: Movimiento Indígena por la Unificación y Lucha Independiente-Frente Popular Revolucionario (MIULI-FPR), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Manos Unidas A.C., Coordinadora de Comités con Jornaleros Agrícolas y migrantes indígenas en el Valle de San Quintín y el Comité Zapatista Tierra y Libertad y por parte del Ejecutivo del Estado, la Secretaría General de Gobierno por conducto del Subsecretario General Javier Gutiérrez Vidal y el Director de gobierno A. Ulises Silva Gutiérrez, y en un ambiente de diálogo y respeto, las organizaciones sociales presentes hicieron los siguientes planteamientos:
Que a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno del Estado se establezca una tregua social que permita discutir de manera directa y en mesas de trabajo si es necesario las distintas demandas que cada una de ellas tiene y en particular que cese la represión y la persecución contra las organizaciones y los luchadores sociales.
1.- Se libere a la luchadora Social Beatriz Chavez Pérez.
2.- Se desista de la acción penal ejercitada en contra de Julio Sandoval Cruz, Esther Murillo Nuñez, Abraham Martínez de Jesús, Esther Cásarez.
3.- Que el Gobierno del estado intervenga para que el director General del INI Antropólogo Marcos Matías Alonso, vaya a Baja California a fin de nombrar al delegado en Ensenada, solicitando que esta persona sea sensible ante la problemática indígena que se vive en la entidad.
4.- El MIULI-FPR solicita la intervención del Gobierno del Estado ante la Secretaría de la Reforma Agraria a fin de que se resuelva de manera urgente el problema de la tenencia de la tierra en Rancho Cañón Buena Vista Delegación Maneadero, Municipio de Ensenada Baja California, comunidad que los indígenas el día 21 de octubre del 2001 denominaron Pueblo Autónomo Aguascalientes Cañón Buena Vista, lo anterior se hace, en virtud de que por Decreto publicado el día 3 de julio de 1973 en el diario oficial de la Federación, aparece que dichos terrenos son nacionales.
5.- Que se atienda la falta de los servicios públicos y de educación y de problemas laborales que se vive en la región de San Quintín.
6.- Que se haga una investigación de la situación laboral de los jornaleros agrícolas en el Aguaje del Burro, al parecer propiedad de la familia García y Santa Fé Braulio Maldonado, en donde se presume que se violan los derechos laborales de los trabajadores para que sean atendidos por la Secretaría del Trabajo.
7.- Las organizaciones solicitan una entrevista con el gobernador, el establecimiento de mesas de trabajo, y una respuesta puntual de las demandas que verbalmente hicieron y que también por escrito se presentan.
Por lo anterior, Javier Gutiérrez Vidal, Subsecretario de Gobierno se comprometió a dar una respuesta de los planteamientos presentados por las organizaciones a más tardar el cinco de noviembre del 2001 para:
1.- Gestionar una audiencia con el Sr. Gobernador
2.- Organizar una visita de preferencia a la región de San Quintín y al denominado pueblo autónomo Aguascalientes Cañón Buena Vista.
3.- La revisión conjunta con el Poder Judicial y el Procurador General de Justicia del Estado de los casos de Beatriz Chávez Pérez, Julio Sandoval Cruz, Esther Murillo Nuñez, Abraham Martínez de Jesús y Esther Cásarez.
4.- Establecer comunicación con el gobierno Federal para hacerle el planteamiento que las organizaciones expusieron, con el Instituto Nacional Indigenista y la Secretaría de la Reforma Agraria, en relación al nombramiento del Delegado o Delegada de dicho Instituto y la solución del problema de la tenencia de la tierra.
Con oficio número SGG/111/2001, el Subsecretario General Lic. Javier A. Gutiérrez Vidal con fecha 8 de noviembre responde a las organizaciones que:
1.- La audiencia solicitada con el Gobernador del Estado, se acordó que en la primera visita que haga el gobernador al Valle de San Quintín, del Municipio de Ensenada, Baja California, atenderá personalmente a los representantes de las organizaciones sociales.
2.- Se enviaron Oficios a las Dependencias y a la Administración Pública Estatal y Federal, para sostener una reunión de coordinación en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados por las organizaciones sociales y establecer el seguimiento de las acciones a ejecutar por las partes.
3.- Se tuvo una entrevista con el Procurador Interino de Justicia del Estado, Romero Moreño Manjarrez a quien se le expuso y compartió la propuesta del Ejecutivo Estatal, de privilegiar el diálogo sobre el uso de la fuerza pública del Estado, para dirimir los conflictos sociales.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Equidad de Género de este H Congreso, Dip. Jesús A. Ruiz Uribe, presentó el 8 de Noviembre ante la Camara diputados de Baja California un punto de acuerdo para solicitar:
La integración de una comisión plural que investigue las condiciones jurídicas en lo relativo a las irregularidades denunciadas por los indígenas del pueblo del Cañón Buena Vista, Municipio de Ensenada B.C referente a la tenencia de la tierra de esa localidad, así como de la situación jurídica de los compañeros detenidos el 26 de Marzo del 2001.
En el estado de Guerrero el 27 de noviembre el Congreso Estatal expide otro punto de acuerdo que propone:
1.- Un exhorto a los Congresos Estatales y titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Veracruz, Michoacán y Morelos, para que establezcan mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones federales, estatales y municipales, para verificar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores migrantes guerrerenses, con el objetivo de eliminar la posibilidad de violación de sus Derechos Humanos, laborales y étnicos, consagrados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en las Leyes vigentes en la materia.
2.- Acuerda Integrar una Comisión Especial para la atención y seguimiento de las demandas planteadas por los indígenas migrantes guerrerenses, en coordinación con las instituciones federales, estatales y municipales responsables y realice un programa de trabajo con los diputados de Baja California con el objetivo de establecer compromisos puntuales entre las instituciones de ambas entidades a favor del pleno respeto de los derechos humanos, laborales y étnicos de los guerrerenses en aquella entidad.
3.- Acuerda conformar una Comisión especial para la atención y seguimiento de las demandas planteadas por los campesinos guerrerenses con las Comisiones de los Congresos locales de estas entidades federativas y las diversas instancias gubernamentales y realizar una visita a las zonas cafetaleras y meloneras de Guerrero.
EL 26 de noviembre del 2001, en la Ciudad de México se reúnen Xóchitl Gálvez Ruiz por parte del gobierno federal; el Ing. Carlos González Figueroa de la C.F.E.; Lic. José Becerra O`leas, de la Secretaría de Economía; del INI Jesús Manrique Villegas; Rubén Araujo Monroy, Rodolfo Echeverría Martínez, con los integrantes del Frente Popular Revolucionario, entre los acuerdos principales estan:
1.- Xóchitl Gálvez hará una gira de trabajo a Baja California en enero del 2002, para conocer la problemática existente de los indígenas migrantes y buscar con el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de Tijuana y Ensenada los mejores caminos de solución a los problemas planteados y que competen al gobierno federal. Los problemas del ámbito estatal y municipal que se tratarán de llegar a acuerdos de solución.
2.- El INI intervendrán en la atención a las cuestiones jurídicas existentes tanto en B.C como en Hermosillo.
3.- Se extenderá permisos para los compañeros del F.P.R en lo relativo a las cuestiones de artesanías y permisos para vender.
4.- El INI atenderá lo relacionado a las actas de nacimiento y regularización de quienes no las tengan.
5.- Gestionar el permiso para la apertura de una radiodifusora comunitaria que se había solicitado con anterioridad en el municipio de Acatepec.
6.- Xóchitl Gálvez se compromete a estar en Hermosillo, Sonora para colaborar en la solución de la problemática de los indígenas de esa región.
7.- Xóchitl Gálvez, Titular de la Oficina, se compromete a solicitar la información a la Secretaría de la Reforma Agraria y/o a la Procuraduría Agraria por escrito referente al litigio por la tierra en el predio denominado Rancho Cañón Buena Vista.
Sin embargo varias de estas peticiones no fueron cumplidas, a pesar de haber demostrado que las tierras Rancho Cañón Buena Vista, hoy Pueblo Autónomo Aguascalientes Cañón Buena Vista son propiedad federal, incluso se viola el acuerdo y hoy nuestro compañero Julio Sandoval nuevamente se encuentra preso y a la compañera Beatriz Chávez no ha sido liberada.
¡Unidad Popular por la Emancipación Proletaria!
Comité Central del Frente Popular Revolucionario
Comité Estatal del Frente Popular Revolucionario:
Coordinadora Ricardo Flores Magón, MIULI, Manos Unidas y el Comité Zapatista “Tierra y Libertad”.