Al proletariado y pueblo peruano, A la opinión pública internacional.

Denunciamos y rechazamos el traslado ilegal, arbitrario, de prisioneros políticos y comunes del penal de Canto Grande al de Piedras Gordas, realizado en la madrugada del 17 de diciembre por orden del gobierno, violando todas las normas y procedimientos del Código de Ejecución Penal y su reglamento. Aún no se nos entrega la resolución con las razones motivadas de dicho traslado. Nos restringen y niegan derechos fundamentales: de socialización, visita directa de familiares y amigos, trabajo, educación, adecuada alimentación, salud; siendo procesados la mayoría de trasladados, han entrabado audiencias al no llevarnos a ellas. Pretenden imponer un régimen penitenciario de escarmiento y proscripción, con odio y venganza, cuando es obvio que las condiciones políticas han variado y el pueblo demanda y lucha por Democracia y Desarrollo que les beneficie.

Cárceles como la de Piedras Gordas, construida dentro de la zona militar de Ancón, fueron concebidas para servir a intensificar la aplicación del siniestro plan de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático y sofisticado que el imperialismo yanqui impulsa en todo el orbe, reprimiendo toda lucha y resistencia de las naciones oprimidas, cuando estas comienzan a salir políticamente del repliegue; represión centrada, en particular, contra los comunistas. Siniestro plan que a pie juntillas aplica Toledo, en función de la denominada estrategia imperialista de “guerra total contra el terrorismo” y de criminalizar toda protesta popular, para así soñar en perpetuar su caduco orden opresor.

Este ilegal traslado es parte del conjunto de medidas restrictivas y represivas enmarcadas dentro del endurecimiento de posiciones y mayor reaccionarización del gobierno de Toledo, un barco que se hunde, así como de la campaña negra que desató contra el Presidente Gonzalo, buscando golpearlo antes y durante el ilegal juicio, presiono e interfirió abiertamente sobre el Poder Judicial; dispuso el retorno al régimen penitenciario de la dictadura genocida y vendepatria de Fujimori; invoca la reaccionaria teoría imperialista de “seguridad de Estado” o “golpes preventivos” para justificarse; promulga la ley N° 28420 para restablecer el uso de locutorios, restringir visita solo a familiares directos, limitar de 2 a 6 horas  -según categorías- el uso de patio y talleres, que no implementan; a ello también sirve el DS 016-2004-JUS, el cual modifica 4 artículos del Código de Ejecución Penal para imponer “Régimen Cerrado Especial ... caracterizado por el énfasis en las medidas de seguridad y disciplina”, en síntesis, generalizar el régimen inconstitucional del Penal Militar de la Base Naval de el Callao a todos los penales de máxima seguridad en el país. Así, van en contra de sentencias que tienen carácter de cosa juzgada, del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana, las cuales restringen y cuestionan el uso de locutorios. Extiende la represión, proscripción, hostigamiento, seguimiento, detención, amenazas y chantajes a nuestro familiares y abogados.

Todo este conjunto de medidas dictadas por el gobierno es en respuesta a los avances, logros y éxitos obtenidos en rematar el desmoronamiento de la legislación antisubversiva, dadas en un contexto de agudización de pugnas y contradicciones en el seno de gobierno y la oposición, por quién se ensaña más en golpearnos, buscando ganar réditos con el uso político de los nuevos juicios en función de sus mezquinos apetitos electorales, con el avieso propósito de impedir que salgamos en libertad, para lo cual modifican constantemente los plazos de detención y juzgamiento, de 18 a 72 meses.

Defendemos, asumimos y respaldamos la necesaria reafirmación del Presidente Gonzalo, al saludar al pueblo y a la prensa libre, en sus posiciones políticas después de doce años de privación absoluta de expresarse, no ha sido provocación ni desafío, como artera e infamemente imputa el gobierno, lo cual rechazamos y desenmascaramos con firmeza.

Al cosechar una derrota política, moral y jurídica, al quebrar y fracasar el ilegal juicio, el gobierno, en venganza, aplicó un conjunto de medidas más represivas contra el Presidente Gonzalo y especialmente se ensañó con c. Míriam a quien mantiene aislada en Chorrillos, en peores condiciones a las que enfrentaba en el Penal Militar de la Base Naval, aíslan e incomunican a todos los procesados en dicho caso, en penales comunes de Chorrillos y Sarita Colonia, a más del denunciado traslado ilegal a Piedras Gordas.

El gobierno jamás nos doblegará. Persistimos en luchar contra la legislación antiterrorista, por la inaplicabilidad y derogatoria de la Ley N° 28420 y D.S. 016-2004-JUS. Nos reafirmamos hoy más que ayer en la necesidad de luchar por Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna, siendo lo principal la Democratización de la Sociedad Peruana. Solución Política que pueda conducir a amnistía y a una futura reconciliación nacional; reivindicamos nuestro derecho a participar políticamente. Respaldamos decidida y resueltamente la lucha en defensa de los derechos fundamentales de c. Míriam, exigimos el cese del oprobioso régimen carcelario que enfrenta, en el proceso de lucha por la libertad de todos los presos políticos, nosotros ya hemos cumplido la deuda con la sociedad y la libertad es nuestro derecho, denunciamos y combatimos la impunidad del genocidio. Nuestro apoyo resuelto a las luchas populares en desarrollo en el país.

Enero 2005

Comité de Prisioneros Políticos

LTC – Piedras Gordas