A LA OPINIÓN PÚBLICA

1.- Desde que por demanda nuestra el Tribunal Constitucional anulara todos los juicios militares y sin rostro, se abrieron nuevos juicios entre los cuales el “megaproceso de Abimael Guzmán y otros”, condenando a dos de los procesados a cadena perpetua en primera instancia extendida a dos más en la Suprema. Juicio como los otros miles habidos sustentado no en razones de justicia sino políticas para escarmentar a los revolucionarios, negándosenos el derecho a un juicio dentro de las normas legales que rigen para todos los ciudadanos y aplicándosenos leyes de excepción farisaicamente nominadas “especiales”.

2.- A nosotros, como a todos los prisioneros políticos y de guerra del Perú, se nos restringieron o negaron todos nuestros derechos aplicándosenos inicuas condiciones de prisión nunca vistas en la historia penitenciaria de nuestro país.

En el caso de Abimael Guzmán Reinoso, la negación absoluta de sus  derechos lleva casi dieciocho (18) años, y es el único que vive en tales condiciones: siendo civil se le mantiene en el Penal Militar Base Naval del Callao, aún en contra del mandato de su sentencia que ordena traslado a penal civil. Siendo ciudadano se le niegan todos sus derechos, como el elemental derecho a la identidad por la RENIEC y su certificación por el notario público, en evidente obstaculización de su derecho civil al matrimonio, o como la sistemática negativa a la visita familiar de encuentro con su conviviente, la suscrita, o la libertad de expresar, difundir o defender sus ideas, o el acceso a su libro por mí compilado, o la visita de historiadores, periodistas o amigos, entre otras muestras.

3.- Siendo persona se le trata como no persona, manteniendo su aislamiento, incomunicación y encierro, teniendo ya 75 años de edad. Siendo atacado en sus convicciones y en su dignidad como persona, no se le permite defenderse. Y se le reduce  a comer y descomer bajo acecho permanente, como a ningún prisionero del país.

4.- Todo lo que constituye un atentado contra la condición de ser humano, la salud y la vida, política nefasta del Estado peruano, que resulta responsable de cuanto le pueda ocurrir al compañero Abimael Guzmán Reinoso.

5.- Exijo que se le trate como persona, se le considere ciudadano y se le respeten todos sus derechos amparados por las leyes nacionales y las cartas internacionales suscritas por el Perú.

6.- El régimen de turno, prosiguiendo la misma política aplicada desde 1980, de utilizar la legislación antiterrorista como arma de guerra contrasubversiva, hoy, así como en 1987, ha vuelto a negar el derecho a los beneficios penitenciarios a los cientos de prisioneros políticos que aún quedan en el Perú, exigiéndoseles el pago total de la reparación civil y el recorte de los ya ínfimos “siete por uno” y tres cuartos de pena para la liberación condicional, política restrictiva contra el pueblo peruano en general y los prisioneros políticos en particular, para impedir su libertad. Lo que rechazamos por arbitrario y el ánimo de venganza que encierra. 

¡BASTA DE ENSAÑAMIENTO CONTRA EL JEFE MAOÍSTA DE LA REVOLUCIÓN PERUANA!

¡ABAJO LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA DE FUJIMORI TOLEDO Y GARCÍA PÉREZ!

¡ LA GUERRA POPULAR INICIADA EN 1980 TERMINÓ EN 1992!

¡SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL Y RECONCILIACIÓN NACIONAL!

¡SOLIDARIDAD CON LAS REIVINDICACIONES Y BREGA DE LA CLASE Y EL PUEBLO PERUANO!

Chorrillos, 9  de abril de 2010