¡RECHAZAMOS  LA NUEVA CONCENTRACIÓN DE PRISIONEROS POLÍTICOS EN EL PENAL DE YANAMAYO!

¡NO AL AISLAMIENTO, ABAJO EL TRASLADO A YANAMAYO!

Al pueblo peruano y la opinión pública nacional e internacional:

Los presos políticos y prisioneros de guerra denunciamos y rechazamos la nueva concentración de prisioneros políticos en el Penal de Yanamayo iniciada esta semana con el ilegal traslado de nuestros compañeros de los penales  de Picsi en Chiclayo (25), de Quenqoro – Cuzco (17), La Capilla – Juliaca (17) al Penal de Yanamayo, plan de traslado que tramaba el gobierno y que hemos denunciado con anterioridad exigiendo a las autoridades el respeto a nuestros derechos mediante habeas corpus y petitorios al  Ministerio de Justicia. Sin embargo el gobierno, prosiguiendo su política de endurecimiento, cerrándose al tratamiento político de los problemas derivados de la guerra y como represalia y venganza política, inicia esta nueva concentración pretendiendo detener los avances y logros que venimos obteniendo en la lucha por la libertad de los prisioneros políticos y por la inconstitucionalidad de las leyes antisubversivas, como parte de la lucha por la solución política. No es casual que precisamente en vísperas de que el Tribunal Constitucional deba dar el fallo sobre la acción de inconstitucionalidad de las leyes antisubversivas realicen este traslado de represalia al que denominan "plan de reordenamiento penitenciario", en su vano afán de ocultar el trasfondo político y la esencia reaccionaria y represiva de la política carcelaria que pretende reeditar el actual gobierno.

La dictadura genocida y vendepatria de Fujimori, luego de perpretar el genocidio de mayo de 1992 en Canto Grande –crimen de lesa humanidad impune hasta hoy– al amparo de las leyes inconstitucionales llevó adelante la concentración de prisioneros políticos en el Penal de Yanamayo, trasladándolos de penales de diferentes lugares del país para someterlos a un régimen carcelario inicuo de aislamiento, reducción y aniquilamiento sistemático y sofisticado, que implicaba un año de aislamiento celular continuo, 23 horas y media en las celdas y ½ hora de patio en un clima de temperatura de hasta 12 grados bajo cero, una pésima alimentación no apta para el consumo humano y lesiva para la salud, negación del derecho de visita, pues al haber sido alejados de sus lugares de origen y familiares implicó un aislamiento que aunado a la falta de recursos económicos significó que la mayoría de prisioneros no tenga visita, los pocos que tenían visita era una o dos veces al año durante media hora y por locutorio a través de doble malla metálica que impedía que prisioneros y familiares pudieran verse ni oírse, ni tener ningún tipo de contacto físico, impidiendo la relación entre el prisionero y su familia. A más de someterlos al más cruel aislamiento, se negó el derecho de salud y a la vida con el resultado (en 8 años) de un prisionero muerto por falta de atención médica, 5 quedaron paralíticos, más de 20 afectados por tumores óseos, gran cantidad de afectados de enfermedades reumáticas y por la política represiva asesinaron a 1 interno e hirieron a otros. Así mismo, se negó la asistencia legal, además de alejarlos del juez natural. Y se les mantuvo aislados e incomunicados. Todas estas condiciones inhumanas y degradantes de este siniestro régimen carcelario, fueron observados en el país por la Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial Nº 29 "Derechos Humanos y sistema penitenciario 1998–2000" y por diversos organismos de derechos humanos y, a nivel internaconal cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, Human Rights y las Naciones Unidas, que en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes del Comité de las Naciones Unidas, ratificado por el Perú el 2001, considera como delito de tortura "el régimen penitenciario especial aplicable a los terroristas condenados y, en particular a los dirigentes terroristas condenados".

El gobierno de transición orientó su política penitenciaria en función de flexibilizar las condiciones carcelarias dejadas por la dictadura, empezando por adecuarlas al estado de derecho y a los estándares internacionales. En este contexto se empezaron a hacer los traslados de los prisioneros del Penal de Yanamayo a sus lugares de origen, derecho amparado en normas legales nacionales e internacionales. El gobierno de Toledo y el obcecado y recalcitrante ex – Ministro de Justicia Fernando Olivera Vega, en lugar de proseguir con la política de traslado a lugares de origen, hizo lo que ni Fujimori había hecho: trasladó a prisioneros políticos de Yanamayo a Challapalca en septiembre del 2001 y prosiguió trasladando de Socabaya – Arequipa y Canto Grande – Lima e intentó trasladar de Picsi; traslados ejecutados con golpizas, esgrimiendo burdas justificaciones como en el caso de "Canto Grande" que adujeron era "para salvaguardar la integridad física de los internos por las filtraciones en la estructura que requieren reparaciones" ¿llevar a una persona de más de 60 años a una altura de 5000 msnm es salvaguardar su integridad física? No, todo lo contrario, es poner en grave riesgo su vida pues Challapalca no reúne las condiciones para la vida del ser humano y ha sido vetado por la ONU, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Cruz Roja Internacional. Sin embargo ahora en vez de cerrar Challapalca han trasladado sólo a 22 y no a sus lugares de origen sino al Penal de Yanamayo, penal también cuestionado por Amnistía Internacional, con el objetivo de seguir aislándolos.

Los últimos traslados efectuados por el Ministerio de Justicia y el INPE, realizado intempestivamente, sin comunicar previamente como lo establece el Código de Ejecución Penal, los sacaron con engaños y en medio de una feroz golpiza, sin permitirles sacar sus pertenencias, llevándolos sin abrigo en horas de la madrugada a un clima frígido, engrilletados y en el colmo del ensañamiento los han amordazado con esparadrapo en la boca y esto ocurre mientras en Lima Toledo afirma en forma rimbombante que "ha llegado el momento de sembrar en el país el respeto a los Derechos Humanos" ¿esto es respetar los derechos o violarlos? Es un trato inhumano, cruel, y degradante que configura delito de tortura y violación flagrante de los derechos fundamentales.

Estos traslados de represalia se constituyen en una amenaza contra todos los prisioneros políticos, principalmente del Partido Comunista del Perú, son una nueva violación y negación de los derechos fundamentales, son una regresión y un intento de aplicar un régimen especial de aislamiento y aniquilamiento contra los prisioneros políticos, pues de hecho implica la negación del derecho a la salud y a la vida, pues aquella se ve seriamente afectada por el intenso frío; es un mayor aislamiento, la pérdida del respaldo familiar, que no solo vulnera la parte afectiva sino también la pérdida del apoyo material en alimentos, medicinas, material de trabajo y estudio, que recae en nuestros familiares ante el abandono e incumplimiento de parte del Estado. La reclusión en Yanamayo además es crear condiciones para seguir negando las garantías judiciales en los nuevos juicios que ya están siendo dispuestos por el Poder Judicial y será una nueva violación que se suma a las anteriores, que rechazamos y desde ya denunciamos. Esto no se ajusta al estado de derecho y es desacatar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actuar al margen de los Pactos Internacionales suscritos por el Perú.

Así, este traslado por donde se le mire, es una represalia política en momentos que el Tribunal Constitucional debe dar su fallo sobre la inconstitucionalidad de las leyes antisubversivas para generar condiciones para aplicar la legislación antisubversiva, que están debatiendo en el Congreso en base al draconiano Proyecto del Ejecutivo y el efecto inmediato es crear problemas mayores que se agregan a los ya existentes.

Llamamos al proletariado y al pueblo a denunciar y a aunarse a nuestra lucha para exigir que no se prosigan y se dejen sin efecto los ilegales y arbitrarios traslados. Exigimos a las autoridades que respeten la Constitución Política del Perú y los tratados y normas internacionales suscritos por el Estado. Exigimos el retorno de los prisioneros políticos a sus lugares de origen y el cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao, Challapalca y Yanamayo.

Perú, 13 de diciembre del 2002

       Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra del Partido Comunista del Perú